Tras el presunto despojo de 500 hectáreas de terrenos habitables y de cultivo desde hace diez años por parte del denunciante José Antonio Uitz Villarreal, representantes de entre 25 y 30 familias menonitas protestaron a las puertas de la Casa de Justicia para solicitar la intervención del Gobierno del Estado.
Johan Neufeld Wall, uno de los representantes de los manifestantes, señaló que la acción promovida por una jueza del fuero común en materia civil es improcedente, luego de que en un primer juicio en 2018 no procediera la demanda al comprobarse que dichas tierras fueron adquiridas de manera legal.
“Venimos en apoyo de los compañeros de la comunidad La Nueva Trinidad, municipio de Hopelchén, donde fueron despojados de manera improcedente de 500 hectáreas que han trabajado desde hace más de 10 años, por denuncia que promueve José Antonio Uitz Villarreal y por medio de una jueza que no tomó en cuenta el dictamen de la Sedatu, que establece que estos terrenos salieron del dominio de la nación y fueron titulados para un particular, quienes les vendieron el terreno a nuestros compañeros”, explicó Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente nacional para el Rescate del Campo Mexicano.
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Las familias menonitas afectadas solicitaron la intervención del Gobierno del Estado, al acusar que José Antonio Uitz Villarreal presuntamente utiliza influencias en Casa de Justicia y el Ministerio Público para promover un despojo en contra de lo dictaminado por autoridades federales.
“Son tierras que hemos venido trabajando legalmente desde 2015, donde hemos sacado adelante, con esfuerzo y sacrificio, diversos cultivos. Contamos con escrituras porque las compramos a un particular, y las dividimos en 50 hectáreas por familia, cultivando sorgo, maíz y soya”, indicó Neufeld Wall.
Los menonitas afectados señalaron además que el propio José Antonio Uitz Villarreal, funcionario de la Secretaría de Salud, aparece como vecino de los terrenos, los cuales —afirman— ahora intenta adjudicarse.
