La recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) sobre los hechos ocurridos durante el conocido como “operativo fallido” de la madrugada del pasado 15 de marzo de 2024, ya fue incorporada a los expedientes de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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La afectación principal se ubica sobre la calle 29, entre 14 y 12, en la colonia El Tajonal.
Ligia Rodríguez Mejía, titular de la Codhecam, explicó que ambas instancias respondieron al organismo y confirmaron la recepción de la recomendación emitida el pasado 31 de agosto, además de señalar que tomarán en cuenta la información y los elementos aportados por la comisión dentro de sus respectivas investigaciones.
La ombudsperson estatal precisó que la investigación de Derechos Humanos se concentró exclusivamente en lo ocurrido durante el operativo de aquella madrugada, a partir de los hechos denunciados en la queja correspondiente. La comisión estableció las acciones que, a su consideración, deben aplicar las autoridades señaladas, entre ellas, medidas de reparación para las víctimas y mecanismos que eviten la repetición de situaciones similares.
Aclaró que determinar posibles responsabilidades administrativas o penales corresponde a las autoridades competentes.
Colaboración requerida
En el ámbito administrativo, esa tarea está a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras que la Fiscalía Anticorrupción lleva las indagatorias relacionadas con posibles delitos.
La presidenta de la Codhecam también descartó que esas instituciones tengan la obligación de notificar al organismo sobre el resultado final de sus procedimientos. Cada autoridad conserva autonomía para desarrollar sus investigaciones y emitir las resoluciones que correspondan. Las personas que presentaron las denuncias son quienes mantienen una relación directa con esas instancias respecto al avance de sus respectivos procedimientos.
En tanto, las autoridades señaladas en la recomendación, entre ellas la Secretaría de Gobierno, a través del Sistema Penitenciario, y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, deberán colaborar con las investigaciones. Para ello, tendrán que proporcionar la información y atender las diligencias o requerimientos que formulen las instancias encargadas de determinar posibles responsabilidades.
