
Con un llamado a sus colegas abogados a priorizar el bien social, dado que es la base de su formación, el licenciado en derecho Cristian Romero Ramírez opinó sobre los señalamientos que la población ha emitido contra algunos litigantes que, con tal de favorecer a sus clientes, incurren en actos de corrupción. Consideró que, para evitar señalamientos negativos, cada caso debe ser analizado a fondo y que los abogados deben hablar siempre con la verdad.
Ante la ola de reclamos y casos de presunta corrupción en la Casa de Justicia, que involucran no solo a trabajadores, sino también a abogados particulares, notarios públicos y al Registro Público de la Propiedad, el entrevistado destacó que es fundamental ejercer cualquier profesión con ética y responsabilidad.
Casos como el de José Bonilla López y Martina Vázquez Arias, junto con los expuestos por varios gestores sociales, han alertado a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, que han ordenado una investigación de los hechos. Sin embargo, en el sector privado, también se comenta que algunos afectados aseguran que los costos de asesoría legal son excesivos.

Al respecto, Romero Ramírez reconoció que los servicios jurídicos privados pueden resultar costosos, lo que en ocasiones el ciudadano no comprende. Explicó que, por ello, algunos prefieren aceptar la pérdida de su propiedad antes que continuar en un proceso legal. “Somos una profesión de carácter social. Atendemos los problemas y demandas de la población, y esta situación debería motivar una reflexión colectiva”, señaló.
Indicó que es el momento adecuado para que los colegios de abogados del municipio se involucren más en esta problemática, promoviendo acciones conjuntas que beneficien a la sociedad.
Romero Ramírez subrayó que no es ético descalificar a colegas, pero reconoció que, como en cualquier gremio, existen tanto profesionales comprometidos como aquellos que actúan de forma cuestionable.
Por ello, consideró válida la inconformidad ciudadana ante ciertos abusos y exhortó a que los profesionales del derecho actúen con empatía. Jamás deben mentir o engañar a sus clientes, enfatizó.

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“El objetivo principal es que el defendido tenga un resultado justo, pero no a costa de venderle ilusiones”, agregó. Recordó que no todos los casos son viables jurídicamente, por lo que es deber del abogado explicar con claridad y ofrecer soluciones realistas que, aunque no siempre cumplan con las expectativas del cliente, puedan minimizar los posibles daños.
Finalmente, enfatizó que, antes de fijar un costo por los servicios legales, es indispensable realizar un análisis profundo del caso para determinar si realmente existe una vía legal favorable, y actuar con total honestidad ante el cliente.
JGH