La administración municipal encabezada por Pablo Gutiérrez Lazarus no sólo enfrenta un adeudo derivado de un laudo laboral superior a los 4.6 millones de pesos, sino que además mantiene problemas financieros que superan los 117 millones de pesos por diversos esquemas de financiamiento contratados en los últimos años, situación que compromete las finanzas de la Comuna debido a la obligación de cumplir con dichos pagos.
Lo anterior, confirmado con información dada de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde se establece que hasta el primer trimestre de 2026 el Ayuntamiento de Carmen arrastraba una deuda de 112 millones 559 mil 062 pesos correspondiente a financiamientos vigentes.
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El adeudo fue contraído con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) mediante un crédito simple que originalmente ascendió a 152 millones 167 mil 036 pesos. Sin embargo, en la información consultada no se detalla el destino específico de los recursos obtenidos a través de dicho financiamiento.
De acuerdo con los registros, la administración tuvo que refinanciar parte de sus adeudos financieros debido a la insuficiencia de recursos para cubrir las obligaciones adquiridas. Como garantía de pago fueron comprometidas participaciones federales, mecanismo que permite respaldar el cumplimiento de las obligaciones crediticias.
En suma, la Comuna carmelita mantiene compromisos que alcanzan los 117 millones 234 mil 320.75 pesos, cifra que incluye el adeudo financiero y el laudo laboral pendiente de cumplimiento.
El Cabildo de Carmen aprobó las condiciones relacionadas con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días para los financiamientos contratados, incluyendo los mecanismos aplicables en caso de retrasos en los pagos.
De acuerdo con la documentación oficial, la liquidación total de la deuda está proyectada para el 1 de abril de 2033, por lo que el compromiso financiero se extenderá durante las próximas administraciones municipales.
A la par de estos pasivos, el Ayuntamiento enfrenta el cumplimiento de un laudo por 4 millones 675 mil 258.75 pesos, derivado de un juicio relacionado con el expediente 651/2015 y una resolución emitida el 30 de octubre de 2019.
La falta de cumplimiento de la resolución ha derivado en actuaciones judiciales que involucran al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y a Priscila Isabel Heredia Novelo, directora del Instituto Municipal de la Mujer, quienes podrían ser separados de su cargo.
Además, la Ley de Amparo establece medidas específicas para los casos de incumplimiento de resoluciones judiciales. El artículo 193 señala que, cuando una autoridad responsable no acata una sentencia de amparo, el órgano jurisdiccional puede iniciar el procedimiento correspondiente para determinar las sanciones aplicables conforme a derecho.
De igual manera, el artículo 267 de la misma legislación contempla penas de tres a nueve años de prisión para quienes incurran en desacato a una sentencia de amparo, siempre que así lo determinen las autoridades judiciales competentes dentro del procedimiento respectivo.
