Políticos de oposición arremetieron contra el aún alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus e incluso exigieron cárcel para el edil, debido a las finanzas que califican como deficientes en el municipio. Esto se suma a que la síndica de Hacienda, Marcia Hernández Toral, solicitó de manera formal al Ayuntamiento el último reporte financiero correspondiente al primer trimestre del año en curso, en el que, según señalamientos, el munícipe —recientemente catalogado como “corcholata”— deja una deuda superior a los 382 millones de pesos.
El miércoles 24 de abril, la síndica de Hacienda, Marcia Hernández, entregó el oficio SH/027/2026 a la Comuna carmelita en el que exige incluir en el orden del día de la próxima sesión de Cabildo el Informe Financiero, Contable, Presupuestal y Programático correspondiente a marzo de 2026.
En el documento, también dirigido al secretario del Ayuntamiento, se solicita dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
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De acuerdo con el oficio, el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2026 registra pasivos por 739 millones 968 mil 306 pesos, mientras que los pasivos contingentes ascienden a 328 millones 322 mil 998.03 pesos, adeudos que podrían derivar en demandas, juicios o responsabilidades financieras.
Integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado señalaron que el edil estaría más enfocado en su proyecto político que en las necesidades de la ciudadanía y en el saneamiento de las cuentas públicas.
El presidente de dicha comisión e integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, criticó la situación financiera de Ciudad del Carmen, donde uno de los casos más relevantes es el fallo de un laudo laboral superior a los cuatro millones de pesos.
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El caso deriva del juicio laboral asentado en el expediente 651/2015, el cual ordena el pago de 4 millones 675 mil 258.75 pesos a favor de Brenda Villalobos Hernández. En este asunto, el presidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus y la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Priscila Isabel Heredia Novelo, podrían enfrentar sanciones económicas e incluso la destitución del cargo por incumplir con el pago ordenado.
Por su parte, el primer vocal de la misma comisión e integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Pool Alpuche, afirmó que el Poder Judicial Federal debe aplicar todo el peso de la ley al munícipe, independiente del partido político al que pertenezca, al señalar que el adeudo no se debe por falta de recursos, sino a la negativa de acatar la resolución.
Ambos legisladores coincidieron en que Pablo Gutiérrez Lazarus no ha demostrado capacidad suficiente para sanear las finanzas de la Isla, por lo cual consideraron que, en lugar de buscar ascender en su carrera política, debería atender los problemas de su administración y las necesidades más apremiantes de la población carmelita.
