El presidente municipal de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, y la titular del Instituto Municipal de la Mujer (Inmmucar), Priscila Isabel Heredia Novelo, podrían enfrentar multas económicas, así como la destitución del cargo por negarse a cumplir con el pago de un laudo laboral superior a los 4.6 millones de pesos a favor de una extrabajadora de la dependencia.
Noticia Destacada
Vecinos bloquean acceso a Bellavista por tres días sin energía eléctrica; exigen solución inmediata de la CFE
La falta de pago, pese a existir una resolución laboral firme desde 2019, provocó que el Juzgado Tercero de Distrito enviara el caso al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito para analizar un incidente de inejecución de sentencia; ante la negativa, el conflicto sigue sin resolverse a nueve años de litigio.
El laudo deriva del juicio laboral asentado en el expediente 651/2015 y ordena el pago de 4 millones 675 mil 258.75 pesos en favor de Brenda Guadalupe Villalobos Hernández. Sin embargo, de acuerdo con las diligencias judiciales, la comuna de Carmen y las autoridades responsables no han acreditado el cumplimiento total de esa obligación.
El ordenamiento de nueva cuenta exhibe una de las principales críticas contra la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus: el incumplimiento de resoluciones judiciales que terminan afectando tanto a los trabajadores como a las finanzas públicas.
La persona juzgadora federal determinó el pasado 17 de junio de 2026 que existían elementos suficientes para considerar que la sentencia de amparo no había sido cumplida en los términos ordenados. Por ello, el expediente fue turnado al Tribunal Colegiado, que ahora deberá determinar si existe un desacato que amerite medidas más severas. El caso también coloca en una posición incómoda a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Priscila Heredia Novelo, señalada dentro del procedimiento por la falta de cumplimiento de la resolución, mientras la extrabajadora continúa esperando el pago reconocido por la autoridad laboral.
Es decir, han transcurrido nueve años desde el inicio del litigio y casi siete años después de emitido el laudo, y la trabajadora sigue sin recibir lo que los tribunales ordenaron pagarle. Ahora será el Tribunal Colegiado quien decida si el actuar de las autoridades municipales amerita sanciones y cuáles serán estas.
El artículo 193 de la Ley de Amparo es claro: si la autoridad no cumple, el Colegiado debe separarlos inmediatamente del cargo sin derecho a ocupar otro y consignarlos penalmente ante el Ministerio Público Federal; en tanto que el artículo 267 marca de tres a nueve años de prisión por desacato a sentencia de amparo.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
JGH
