La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por su presunta participación en las movilizaciones y bloqueos carreteros que paralizaron distintas regiones del país entre mayo y junio de 2026.
El mandamiento atribuye al exgobernante posibles delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
Morales también es investigado por atentados contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos. La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar tras una denuncia relacionada con las protestas que exigían la salida del presidente Rodrigo Paz.
El exmandatario rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso busca responsabilizarlo de una crisis social originada por la situación económica del país. Por medio de sus redes sociales, acusó al Gobierno de utilizar a la justicia para perseguir a sus opositores.
¿Por qué ordenaron detener a Evo Morales?
Durante cerca de siete semanas, organizaciones campesinas, sindicales y sectores cercanos a Morales bloquearon carreteras en el occidente y centro de Bolivia.
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Las movilizaciones comenzaron por reclamos económicos y sociales, pero algunos grupos incorporaron como principal exigencia la renuncia de Rodrigo Paz. Los cierres de vías provocaron problemas para transportar alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno hacia distintas ciudades.
La crisis dejó muertos, personas heridas y cientos de detenidos. A principios de junio, los bloqueos mantenían aisladas zonas urbanas y habían generado escasez de productos esenciales. El Gobierno acusó a grupos afines al expresidente de promover acciones violentas para desestabilizar al Ejecutivo.
La denuncia contra Morales fue impulsada inicialmente por dirigentes cívicos de Santa Cruz. Posteriormente se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La investigación también comprende a dirigentes de la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas que encabezaron las protestas. Antes de esta nueva orden, la Fiscalía ya había abierto procesos y solicitado la captura de líderes sindicales vinculados con los conflictos.
¿Qué respondió Evo Morales a las acusaciones?
Morales negó haber organizado un alzamiento armado o instruido a los manifestantes para exigir la renuncia del presidente.
El exmandatario sostuvo que las movilizaciones respondieron a la inconformidad por la crisis económica, el aumento de precios y las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno.
Durante el conflicto, Morales afirmó que Paz debía atender las demandas de los sectores movilizados y llegó a plantear la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. En entrevistas posteriores reconoció su afinidad con las protestas, pero rechazó ser su principal organizador.
El Gobierno decretó en junio un estado de excepción para permitir el despliegue de policías y militares en las carreteras. La medida facilitó el retiro de obstáculos y el restablecimiento gradual de la circulación.
Evo Morales ya tiene otra orden de captura
Esta no es la única orden de aprehensión vigente contra el expresidente boliviano. Morales también enfrenta un proceso por trata agravada de personas, relacionado con una presunta relación con una menor de edad durante su mandato.
En mayo de 2026, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía después de que no se presentó al inicio del juicio y ordenó su captura. La Fiscalía General confirmó en julio que tanto la acusación formal como el mandamiento de aprehensión continúan vigentes.
Morales permanece desde 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical. Grupos de seguidores mantienen vigilancia en la zona para impedir que la Policía ejecute las órdenes en su contra.
La nueva acusación aumenta la tensión entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el movimiento encabezado por Morales. La Policía deberá definir la estrategia para intentar su detención, mientras la Fiscalía reúne pruebas para sustentar los cargos relacionados con los bloqueos.
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