Japón analiza una reforma a su legislación sobre prostitución que podría castigar también a las personas que buscan pagar por servicios sexuales, después de que un panel de expertos recomendara modificar una norma que actualmente sanciona principalmente a quienes los ofrecen.
El grupo convocado por el Ministerio de Justicia japonés presentó este jueves 17 de septiembre un informe en el que plantea terminar con la diferencia de trato entre vendedores y compradores de servicios sexuales.
Bajo la legislación vigente, una persona puede recibir multas o incluso prisión por solicitar clientes en lugares públicos, mientras quienes buscan adquirir esos servicios no enfrentan una sanción equivalente.
¿Qué propone cambiar Japón en su ley sobre prostitución?
Los especialistas plantearon que también puedan recibir sanciones quienes negocien el pago por sexo en espacios públicos, respondan a ofertas o recorran determinadas zonas con la intención de buscar trabajadores sexuales.
La propuesta contempla además conductas realizadas mediante internet o redes sociales, por lo que no se limitaría únicamente a la solicitud de servicios en las calles.
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El Ministerio de Justicia analizará ahora si impulsa una reforma a la Ley de Prevención de la Prostitución. Medios japoneses señalan que un proyecto podría llegar al Parlamento en los próximos meses, aunque por ahora no existe una modificación aprobada.
¿Japón adoptará el llamado “modelo nórdico”?
Organizaciones y activistas han pedido que Japón avance hacia el denominado modelo nórdico, que despenaliza a quienes venden servicios sexuales y establece sanciones para los compradores. Este esquema existe, con distintas características, en países como Suecia, Noruega y Francia.
Sin embargo, el panel japonés no recomendó eliminar por completo las sanciones contra quienes ejercen el trabajo sexual ni ampliar la definición legal de prostitución.
Defensores de una reforma más amplia sostienen que mantener sanciones contra trabajadores sexuales puede dificultar que denuncien hechos de violencia o abusos ante la policía por temor a enfrentar consecuencias legales.
El debate continuará ahora en el Ministerio de Justicia, que deberá determinar el alcance de una posible reforma y si las recomendaciones del panel se convierten en una iniciativa formal.
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