Minutos después del cierre de casillas en el centro del país, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que la inédita elección popular del Poder Judicial registró “un abstencionismo superior al 90 por ciento” y advirtió que su partido no permitirá que el gobierno “maquille cifras”.
“Nuestros primeros cortes no llegan ni al 10 por ciento del listado nominal. Tuvimos observadores en muchas más casillas de las que Morena imagina. Si mañana aparecen actas con 700 u 800 votos donde contamos quince personas, iremos a los tribunales”, sentenció el dirigente en conferencia de prensa.
El coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la jornada como “un fraude, una absoluta simulación y un verdadero cochinero”. Alertó sobre la posibilidad de que, entre las 18:00 h y la captura oficial de datos, “se llenen los blocs y se embaracen las urnas”.
Las declaraciones contrastan con la expectativa del Instituto Nacional Electoral (INE), que antes de la jornada proyectaba una participación de 13 a 20 por ciento, basada en experiencias previas como la revocación de mandato de 2022.
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El organismo prevé divulgar esta misma noche un cálculo preliminar mediante una muestra de mil 644 casillas; los cómputos distritales concluirán el 10 de junio y los resultados definitivos se publicarán el 15.
Romero adelantó que el PAN presentará en el próximo periodo ordinario una “contra reforma judicial” para “cerrar la puerta al crimen organizado”, después de señalar que “hay aspirantes con vínculos comprobados con el narco”.
También anunció que documentarán, con actas y grabaciones, cualquier discrepancia entre el flujo real de votantes y los números oficiales.
La elección, impulsada por la reforma constitucional de 2024, puso en disputa 881 cargos federales —incluidos nueve ministros de la Suprema Corte— y otorgó a casi 100 millones de electores seis boletas diferenciadas por color.
Aunque el INE reportó incidentes menores y una jornada “ordenada”, la oposición llama ya a la impugnación y abre un nuevo frente de confrontación legislativa.
Con las urnas cerradas y los conteos en curso, el debate se centra ahora en la legitimidad que otorgará —o restará— la tasa de participación real.
Morena defiende el proceso como un paso hacia la democratización de la justicia; el PAN lo pinta como la prueba de que la ciudadanía “dio la espalda” al experimento. El veredicto, advierte Romero, dependerá de cifras “que no se puedan inflar con tinta y papel”.
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