A las 18:00 h, la mayoría de las casillas del país cerró sus puertas y dio paso al conteo preliminar de la primera elección popular del Poder Judicial en la historia de México.
De acuerdo con el calendario oficial, los centros de votación debían dejar de recibir sufragios a esa hora, salvo aquellos donde quedaran personas formadas, tal como lo estableció el Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la jornada estuvieron convocados 99.7 millones de ciudadanos para escoger, mediante seis boletas diferenciadas por color, a 881 cargos federales —entre ellos nueve puestos de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral y cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial— de una lista superior a tres mil 400 aspirantes.
En paralelo, 19 entidades renovaron magistraturas y juzgados locales.
El INE calificó la votación como “ordenada y pacífica”, con incidentes menores resueltos por las mesas directivas.
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Los primeros datos de participación ciudadana se darán a conocer alrededor de las 23:00 h, mientras que el cómputo definitivo se publicará el 15 de junio debido a la complejidad del escrutinio múltiple.
Pese al avance logístico, el proceso mantiene frentes críticos. Académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales han advertido que el corto periodo de preparación —ocho meses— dejó vacíos de información entre el electorado y podría abrir la puerta a redes de poder o incluso al crimen organizado dentro de los tribunales.
A ello se suma la preocupación por la curva de aprendizaje que implicará fiscalizar a los nuevos funcionarios y garantizar su independencia.
Los consejeros electorales insisten en que la innovación democrática acerca la justicia a la ciudadanía y fortalece la división de poderes.
Sus detractores, en cambio, plantean que el pluralismo en los tribunales se lograba mejorando los mecanismos de nombramiento y control parlamentario, no trasladando la decisión a urnas poco conocidas.
Con las casillas cerradas, el enfoque se traslada a los Consejos Distritales, responsables de desagregar y contabilizar cada papeleta antes de remitir los resultados al INE.
Si la participación supera las expectativas, el oficialismo lo asumirá como espaldarazo a la reforma; de lo contrario, la baja afluencia alimentará el debate sobre la legitimidad del nuevo modelo.
Por ahora, la historia ya no tiene marcha atrás: México ha puesto al Poder Judicial bajo el escrutinio directo del voto popular, y el veredicto final se conocerá en las próximas horas.
IO
