
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) informó que, durante y después de la inédita elección popular del Poder Judicial celebrada el 1 de junio, ha recibido 23 denuncias formales por hechos que podrían constituir delitos electorales federales.
Los casos ya están en manos de ministerios públicos especializados que aplican la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se apoyan en las 32 Fiscalías Federales de Control Regional (FECOR).
Además, los sistemas de atención FISETEL y FISENET registraron 968 manifestaciones ciudadanas:
- 909 fueron meras solicitudes de orientación;
- 43 se canalizaron a fiscalías estatales por corresponder a delitos del fuero común;
- 16 se convirtieron en denuncias directas a través de la Ventanilla Única electrónica.
La Fisel recordó que sus plataformas de denuncia siguen activas: cualquier persona puede acudir personalmente a la Ventanilla Única o ingresar a fisenet.fgr.org.mx, donde es posible adjuntar fotografías, videos o documentos como evidencia.

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En paralelo, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reveló la primera estimación oficial de la afluencia: entre 12.57 y 13.32 por ciento del padrón nacional, es decir, alrededor de 13 millones de votantes.
La cifra dobla la participación registrada en la consulta de juicio a expresidentes de 2021 (7 por ciento) y se considera un hito, aunque dista de los niveles de comicios federales ordinarios.
¿Qué sigue?
- Conteo escalonado: el INE prevé publicar los resultados de ministros de la Suprema Corte este lunes, y concluir los cómputos para jueces de distrito el 10 de junio.
- Seguimiento penal: las 23 denuncias serán turnadas a jueces federales una vez integradas; de acreditarse conductas como compra de votos, coacción o destrucción de material electoral, los responsables podrían enfrentar hasta 15 años de prisión.
- Atención permanente: la Fisel mantendrá sus líneas abiertas para recibir incidencias durante el cómputo distrital y la entrega de constancias.
La elección, primera en su tipo, puso en disputa 881 cargos federales y mil 801 plazas locales del Poder Judicial; los reflectores ahora se centran en la legitimidad del proceso y en la capacidad de las autoridades para sancionar cualquier irregularidad.
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