Durante la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que 26 estados del país redujeron sus cifras de homicidios entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Destacan entidades como Nuevo León (51 por ciento menos homicidios), Chiapas (57 por ciento) y Quintana Roo (54 por cientpo).
Solo tres estados registraron incrementos. En el caso de robo de vehículo, también se reportó una disminución en la mayoría de las entidades.
Dos grandes acuerdos nacionales
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó los dos grandes acuerdos aprobados por unanimidad (37 votos a favor):
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- Fortalecer a las instituciones de seguridad pública. Incremento del estado de fuerza de policías y ministerios públicos. Homologación de academias de formación para enero de 2028. Creación de fiscalías especializadas contra la extorsión, con investigaciones que se iniciarán de oficio. Modernización de los sistemas de inteligencia e infraestructura tecnológica, incluyendo la operación del 911 y la línea de denuncia anónima 089.
- Reforzar la búsqueda de personas desaparecidas. Homologación de tipos penales de desaparición y protocolos de investigación. Creación de fiscalías especializadas y fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda. Actualización de la base nacional de información genética antes de julio de 2026.
Seguridad y justicia con austeridad
El Consejo también respaldó la propuesta de avanzar en una Ley General contra la extorsión, que será homologada en las 32 entidades.
Esta incluirá la creación de fiscalías especializadas y unificación de criterios de actuación.
Los acuerdos marcan un paso hacia una estrategia de seguridad más sólida, con énfasis en la profesionalización policial, el uso de inteligencia y la atención a víctimas de desaparición.
Con esta sesión, el gobierno federal y los estados refrendan el compromiso de consolidar un sistema de seguridad pública basado en la legalidad, la justicia y la coordinación nacional.
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