El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó si la obligación de los municipios de destinar al menos el 10% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es compatible con la autonomía municipal.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que la autonomía presupuestaria de los municipios debe interpretarse de manera armónica con el artículo 2 de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
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La ministra destacó que estas disposiciones buscan garantizar que las comunidades cuenten con recursos para administrarlos y ejercerlos directamente, atender sus necesidades y decidir sobre su propio desarrollo.
Esquivel Mossa recordó que la reforma al artículo 2 constitucional, publicada en 2024, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Señaló que este reconocimiento debe fortalecer su capacidad de decisión y garantizarles los medios para ejercerla.
“La administración directa de los recursos que les corresponden es parte de su autonomía y del respeto a su dignidad”, expresó.
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Asimismo, recordó un criterio de la extinta Segunda Sala de la SCJN, resuelto en 2025, del que fue ponente y que se aprobó por mayoría de tres votos. En ese asunto se determinó que es constitucionalmente válido que la Federación otorgue recursos a las comunidades indígenas para que los administren directamente.
La ministra precisó que el manejo de estos recursos implica obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, así como garantizar que se destinen a los fines del fondo y conforme a las reglas correspondientes.
El asunto representa un avance en la consolidación de los criterios jurisprudenciales de la SCJN para la protección de los derechos de las comunidades indígenas y los grupos agrarios, cuyos precedentes contribuyeron al desarrollo de reformas constitucionales y legales en su beneficio.
