La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la difusión de señalamientos relacionados con contrataciones y posibles conflictos de interés.
A través de un comunicado, el organismo fiscalizador informó que las investigaciones también abarcarán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a empresas, servidores públicos y proveedores que pudieran estar relacionados con las presuntas irregularidades.
La ASF señaló que ya cuenta con elementos e indicios sobre posibles anomalías en diversos contratos, además de situaciones que podrían constituir conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos.
¿Qué irregularidades investiga la ASF en el INE?
De acuerdo con el comunicado, la revisión estará enfocada en determinar si existió un uso indebido de recursos públicos mediante contrataciones realizadas por organismos electorales.
La Auditoría precisó que entre los aspectos sujetos a investigación se encuentran posibles acuerdos irregulares entre particulares y funcionarios, conflictos de interés y operaciones relacionadas con la triangulación de recursos.
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El organismo explicó que las nuevas facultades que tiene en materia de investigación le permiten iniciar este procedimiento de oficio.
Asimismo, aseguró que las indagatorias se desarrollarán con independencia, objetividad y rigor técnico.
Investigación de la ASF ocurre tras polémica sobre Guadalupe Taddei
El anuncio se produce después de la controversia relacionada con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, por señalamientos sobre su presunta relación con un proveedor del instituto.
Durante su conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió realizar las auditorías necesarias para esclarecer cualquier posible irregularidad en el organismo electoral.
"No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", expresó la mandataria.
La ASF no identificó en su comunicado a personas responsables ni detalló cuáles son los contratos sujetos a revisión.
Por ahora, las irregularidades señaladas forman parte de una investigación y no constituyen responsabilidades administrativas o penales acreditadas.
La Auditoría Superior de la Federación indicó que continuará con las indagatorias para esclarecer el posible uso indebido de recursos y determinar las responsabilidades que, en su caso, correspondan.
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