La Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la reforma respaldada por 22 congresos locales. El nuevo requisito será aplicable a partir del proceso electoral de 2028.
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Las personas mexicanas que tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella si quieren competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La reforma avanzó este martes 6 de octubre de 2026, cuando la Cámara de Diputados emitió su declaratoria de constitucionalidad y envió el decreto al Ejecutivo federal para su promulgación.
La declaratoria se realizó después de recibir el respaldo de 22 congresos locales, incluido Campeche, a las modificaciones de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Con este paso, el decreto pasó a la etapa de publicación en el Diario Oficial de la Federación, DOF.
¿Qué cambiará para quienes tengan doble nacionalidad?
La reforma establece que quienes aspiren a encabezar estos gobiernos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si cuentan con ella, tendrán que renunciar antes de solicitar su registro como candidatos, conforme a los términos que establezca la ley.
Esto significa que haber tenido doble nacionalidad no constituye una exclusión permanente: la posibilidad de competir queda condicionada a cumplir con la renuncia previa. La disposición se concentra en la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.
¿La reforma prohíbe la doble nacionalidad en México?
La doble nacionalidad continuará reconocida para la población. El cambio fija un requisito específico para acceder a las máximas responsabilidades ejecutivas federales y locales; no ordena que todas las personas mexicanas con otra nacionalidad renuncien a ella.
Por ello, el alcance de la reforma debe distinguirse de una prohibición general: quienes busquen esos cargos tendrán que decidir si conservan su nacionalidad extranjera o cumplen con el requisito para solicitar una candidatura.
¿Qué restricciones habrá durante el ejercicio del cargo?
Las nuevas disposiciones también alcanzan el periodo de gobierno. Quienes ocupen esos puestos no podrán solicitar ni adquirir otra nacionalidad, ni invocarla ante autoridades extranjeras.
Entre las conductas comprendidas están utilizar pasaportes o documentos de identidad de otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y acogerse a la protección diplomática de otro país. El texto remite las posibles responsabilidades al Título Cuarto de la Constitución.
¿Cuándo se aplicará el requisito de nacionalidad única?
El régimen transitorio distingue dos momentos: el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, mientras que el requisito electoral será aplicable a partir del proceso electoral de 2028. Por esa razón, no debe presentarse como una restricción que comenzará a exigirse en las elecciones de 2027.
Además, el Congreso de la Unión deberá adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor. Las entidades federativas tendrán el mismo plazo para armonizar sus constituciones y normas electorales. Estas modificaciones deberán precisar las reglas para instrumentar el nuevo requisito.
Soberanía y derechos políticos, los argumentos del debate
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó que quienes encabecen los gobiernos deben mantener como prioridad el interés de México frente al de cualquier otro Estado. Su administración presentó la nacionalidad única como una medida de protección de la soberanía.
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Presidenta Sheinbaum defiende reforma sobre doble nacionalidad para presidentes y gobernadores
Durante el debate legislativo, Morena y sus aliados defendieron la medida como una garantía de lealtad institucional. Legisladores del PRI cuestionaron las restricciones a los derechos de las personas con doble nacionalidad, mientras que Movimiento Ciudadano rechazó que esa condición se utilice para medir la lealtad hacia México. La discusión enfrenta así la defensa de la soberanía planteada por el oficialismo con las objeciones de la oposición sobre sus efectos en la participación política.
