La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, por primera vez, realiza investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales con la colaboración directa de informantes, quienes han aportado documentos, testimonios y otros elementos relacionados con posibles actos de corrupción.
Este lunes 9 de noviembre de 2026, el organismo fiscalizador explicó que las personas colaboradoras buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Según la ASF, la información recabada permite conocer cómo habrían operado durante varios años posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios de instituciones electorales.
¿Qué pruebas obtuvo la ASF sobre las contrataciones electorales?
La Auditoría detalló que los informantes proporcionaron testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp.
También entregaron nombres y alias de personas presuntamente relacionadas con las operaciones investigadas.
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De acuerdo con el organismo, los elementos reunidos apuntan a que beneficiarios finales de diversas empresas habrían participado en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus intereses comerciales.
¿Qué investigará la ASF sobre los organismos electorales?
La institución señaló que continuará las indagatorias para identificar a otras personas posiblemente involucradas y determinar el destino de los recursos públicos.
Estas acciones forman parte de la revisión de contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La ASF busca establecer si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación y, en su caso, promover las responsabilidades correspondientes.
Hasta ahora, la Auditoría no ha dado a conocer los nombres de los informantes ni ha informado sobre sanciones derivadas de esta nueva línea de investigación.
Los señalamientos se encuentran bajo investigación y no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidad administrativa o penal.
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