El vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, recibió un revés judicial luego de que un juez federal le negara el amparo que promovió contra su vinculación a proceso por presuntos delitos relacionados con el llamado “huachicol fiscal”, en el ámbito del robo y tráfico de hidrocarburos.
La resolución fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, cuyo titular determinó que “la justicia de la Unión no ampara ni protege” al mando naval, por lo que deberá continuar sujeto al proceso penal en su contra.
Continúa el proceso por delincuencia organizada
De acuerdo con la determinación judicial, Farías Laguna seguirá vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada vinculados al manejo ilegal de hidrocarburos.
El militar permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras se desahogan las etapas del procedimiento judicial.
El caso se enmarca en investigaciones federales sobre redes de robo de combustibles, una problemática que ha sido catalogada como prioritaria por autoridades de seguridad nacional debido a su impacto económico y operativo.
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El vicealmirante insiste en su inocencia
En mayo pasado, el vicealmirante envió una segunda carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que reiteró su inocencia y afirmó que no existen pruebas contundentes en su contra.
En dicho documento, sostuvo que su situación jurídica se deriva de un “efecto corruptor” generado por declaraciones públicas en su contra, las cuales —según su versión— lo habrían presentado como culpable antes de una sentencia definitiva.
Asimismo, solicitó acceso completo a la carpeta de investigación para poder ejercer una defensa adecuada y conocer en detalle los señalamientos que enfrenta por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.
Caso bajo escrutinio judicial y político
El expediente ha generado atención en el ámbito político y militar, al tratarse de un alto mando de la Marina involucrado en un proceso penal de alto impacto. Por ahora, la resolución del juez mantiene firme la medida cautelar y el proceso continúa su curso dentro del sistema judicial federal.
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