La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó sobre la detención de Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, por su posible participación en una operación destinada a ocultar grabaciones relevantes para la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un mensaje difundido este jueves 6 de agosto, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la captura se produjo después de realizar un análisis profundo de las actuaciones existentes y abrir nuevas líneas de investigación sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La Fiscalía sostiene que las nuevas pruebas permiten atribuir al exmandatario una posible intervención en el ocultamiento de videos captados por cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia estatal. La responsabilidad penal deberá ser determinada por un juez y el detenido conserva la presunción de inocencia durante todo el proceso.
¿Qué videos fueron presuntamente ocultados en el caso Ayotzinapa?
De acuerdo con la exposición de Ernestina Godoy, el autobús “Estrella de Oro” número 1531, en el que viajaba un grupo de estudiantes, fue grabado por las cámaras de seguridad 12 y 15 colocadas afuera del Palacio de Justicia de Iguala.
Las imágenes habrían registrado el momento en el que la unidad era detenida por policías municipales y estatales. Sin embargo, las primeras versiones oficiales aseguraron que el material no existía debido a supuestas fallas técnicas en el sistema.
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La FGR afirma que las diligencias posteriores permitieron establecer que esa explicación era falsa y que las grabaciones sí fueron generadas. La institución considera que el material podría contener información relevante sobre la actuación de las corporaciones de seguridad y el recorrido de los normalistas durante la noche de su desaparición.
Testigos señalan presunta orden para desaparecer evidencias
Godoy explicó que en enero de 2026 una persona colaboradora aportó un testimonio sobre la existencia de los videos y señaló a quien presuntamente los sustrajo para entregarlos directamente al entonces gobernador.
La persona también habría referido que permaneció en silencio por las amenazas recibidas. Posteriormente, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido declaró que Ángel “N” habría ordenado, durante una reunión con integrantes de alto nivel de su administración, eliminar cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos cerca del Palacio de Justicia.
Según la fiscal, estos testimonios fueron complementados con otros datos de prueba que apuntan a la participación de servidores públicos estatales. La hipótesis de la FGR es que el ocultamiento no respondió a una omisión o falla aislada, sino a una acción planeada desde niveles superiores del Poder Ejecutivo de Guerrero.
¿De qué delitos acusa la FGR al exgobernador?
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La orden fue concedida por un juez y ejecutada en el Estado de México, conforme a la información ofrecida por la fiscal. Después de la captura, Ángel “N” deberá comparecer ante la autoridad judicial, donde el Ministerio Público presentará los elementos de prueba y formulará la imputación correspondiente.
Será el juez quien determine si existen datos suficientes para vincularlo a proceso y qué medidas cautelares deberán aplicarse mientras continúa la investigación.
FGR promete mantener informadas a las familias de los 43 normalistas
Ernestina Godoy dirigió parte de su mensaje a las madres, padres y demás familiares de los estudiantes desaparecidos. Aseguró que la Fiscalía continuará trabajando para establecer el paradero de los jóvenes y llevar ante la justicia a todas las personas que hayan intervenido en los hechos o en el encubrimiento posterior.
La fiscal señaló que los avances serán comunicados a las familias y a la sociedad en la medida en que lo permita el debido proceso. También afirmó que la investigación continuará con rigor científico y respeto a los derechos humanos.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” permanece como uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en México. La nueva acusación abre una línea enfocada en establecer si autoridades estatales participaron activamente en la destrucción de pruebas fundamentales para esclarecer lo sucedido.
IO
