La violencia e inseguridad provocaron que 11 mil 784 hogares de Quintana Roo, equivalentes al 1.67 por ciento de los 705 mil 670 censados, tuvieran entre octubre del 2020 y octubre del 2025 a uno o más integrantes obligados a cambiar de residencia por estas causas, de acuerdo con el tabulador “Estimadores de los hogares y su distribución porcentual según condición de desplazamiento forzado interno por causa”, de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicado el 22 de septiembre del 2026.
Se trata de uno de los nuevos indicadores incorporados por el organismo a la Encuesta Intercensal 2025, levantada entre octubre y noviembre del año pasado y que, por primera vez, permite dimensionar estadísticamente el desplazamiento forzado interno a partir de los hogares afectados. La medición establece que no se trata simplemente de migración, pues identifica a familias en las que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a la inseguridad delictiva o la violencia.
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En Quintana Roo, este fenómeno se suma a una entidad caracterizada históricamente por una elevada movilidad poblacional. La propia EIC 2025 estima que el estado alcanzó 2 millones 95 mil 74 habitantes en viviendas particulares y que el 49.2 por ciento nació en otra entidad del país, mientras el 48.3 lo hizo en Quintana Roo y 2.4 en otro país.
Es decir, el traslado de habitantes forma parte de la realidad demográfica de Quintana Roo, pero ahora el Inegi incorpora un componente distinto: el cambio obligado de domicilio por condiciones de inseguridad.
El organismo plantea el desplazamiento forzado interno como un indicador que puede analizarse a escala estatal y municipal, lo que permitirá identificar con mayor precisión dónde se concentra este problema. En el estado, además, otros 2 mil 800 hogares reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a catástrofes naturales o de origen humano. El dato coloca el fenómeno del desarraigo como un nuevo referente para evaluar las condiciones de seguridad y vulnerabilidad de la población. En Quintana Roo, la información adquiere particular relevancia debido a la dinámica demográfica de la entidad y a los niveles de violencia registrados durante los últimos años.
La Encuesta Intercensal no identifica por sí misma a las personas desplazadas ni establece responsables de los hechos que provocaron el cambio de residencia. Tampoco equivale a un registro administrativo de víctimas. Es una estimación estadística de los hogares donde ocurrió este fenómeno entre el 2020 y el 2025. Sin embargo, representa por primera vez una referencia oficial para dimensionar cuántas familias quintanarroenses han tenido que modificar su lugar de residencia por miedo, inseguridad o violencia.
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Pulso ciudadano
“La gente que se va desaparece y cambia de teléfono, pero recuerdo el caso de una amiga cuyo padre y hermano se tuvieron que ir. Vendían zapatos de esos que cuestan caros y cayeron a su casa, pasaron la seguridad y bajaron de una camioneta armados. Los amenazaron, no recuerdo cuánto les pidieron, y mejor se fueron de la ciudad. Y así como ese caso, he escuchado de otros”, dijo un ciudadano de nombre Alejandro.
“Mi mamá se tuvo que ir de Puerto Aventuras porque rentaba una casa y ahí mataron a una inquilina. Ya estaba muy inseguro el lugar y se fue”, dijo otro entrevistado, del que se omitirán sus generales.
“Hace dos años decidí emigrar de Cancún a Mérida por temas de inseguridad. Quería trabajar de Uber, pero esa plataforma tiene muchos problemas en Quintana Roo; los conductores éramos blanco de agresiones, principalmente de taxistas que no dejaban laborar a las plataformas de transporte privado. Por eso y por mi hija decidí irme de Cancún. Acá puedes salir con toda tranquilidad a cualquier hora”, dijo Iván N.
