El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) inició una revisión de sus expedientes de contratación desde el 2014. La medida se produce en medio del escrutinio nacional por una red de compañías que, según una investigación periodística, acumuló acuerdos comerciales por más de 2 mil 500 millones de pesos con organismos electorales de todo el país durante la última década.
Rubí Pacheco Pérez, consejera presidenta del Ieqroo, confirmó que empresas como Cajas Graf, Litoformas y Corporativo Zeg han participado en adjudicaciones locales, incluidos procesos electorales para la gubernatura y la elección judicial. Sin embargo, aclaró que el organismo no puede excluirlas de las licitaciones mientras no exista una inhabilitación formal emitida por las autoridades competentes.
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La funcionaria sostuvo que los procedimientos se llevaron a cabo conforme a la normatividad vigente y que el Instituto está dispuesto a proporcionar toda la documentación que soliciten las instancias fiscalizadoras. Añadió que esta revisión también tiene como propósito organizar los archivos de cara a la preparación de los comicios de 2027.
El tema cobró relevancia luego de que el periódico Reforma documentara que cinco compañías vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron al menos 2 mil 561 millones de pesos mediante 106 contratos con 27 organismos públicos locales electorales durante un periodo de 12 años. De estos acuerdos, únicamente 53 se asignaron mediante licitación pública. Además, el 77 por ciento de los recursos, equivalente a mil 883 millones de pesos, se concentró en los últimos cinco años.
Cajas Graf encabeza la lista con mil 72 millones de pesos, seguida de Formas Finas y Materiales, con 815 millones, y Corporativo Zeg, con 278 millones. El reportaje señala posibles vínculos entre accionistas y representantes legales de las firmas, lo que presuntamente habría simulado competencia en los procedimientos de contratación. Durante 2023 y 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló decenas de cuentas relacionadas con estas sociedades y se inició un procedimiento ante la autoridad de competencia económica por posibles prácticas monopólicas.
En Quintana Roo, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Ruiz Castellot, reconoció que las controversias nacionales pueden afectar temporalmente la confianza ciudadana en las instituciones electorales. No obstante, precisó que la adquisición de materiales y documentación sensible se realiza de manera centralizada desde las oficinas nacionales del organismo, por lo que deslindó a la Junta Local de los contratos bajo investigación.
Ruiz Castellot defendió la estructura profesional de carrera del INE y aseguró que se colaborará en cualquier auditoría interna que resulte necesaria. Tanto el Ieqroo como la representación estatal del organismo nacional anticipan un escenario de mayor vigilancia sobre los mecanismos de adquisición de insumos electorales rumbo a 2027.
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Hasta el momento, no existe evidencia pública de que el Instituto Electoral de Quintana Roo haya incurrido en irregularidades durante sus contrataciones ni de que los convenios celebrados en la entidad formen parte de las conductas señaladas en la investigación nacional. Sin embargo, el volumen de recursos involucrados en el país y la concentración de adjudicaciones en un reducido grupo de compañías mantienen bajo escrutinio la transparencia en el manejo del presupuesto público destinado a organizar las elecciones.
La revisión de los archivos y la eventual entrega de documentos a las autoridades fiscalizadoras serán determinantes para aclarar las dudas. En una entidad donde la organización de los procesos electorales implica millones de pesos del erario, conocer quiénes suministran las boletas, las urnas y los materiales de votación no es un asunto menor, sino una condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana.
