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Quintana Roo / Riviera Maya

Santo Domingo en Lázaro Cárdenas acumula 22 años sin una cancha deportiva adecuada

Las obras prometidas para octubre del 2025 en Santo Domingo no se concretaron por falta de presupuesto.

ersonal de Obras Públicas llegó para hacer un registro topográfico, sin que se edificara nada
ersonal de Obras Públicas llegó para hacer un registro topográfico, sin que se edificara nada / Luis Enrique Cauich

La comunidad rural Santo Domingo acumula un rezago de 22 años sin infraestructura deportiva adecuada debido a la falta de respuesta y a la negativa de asignación presupuestal por parte del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y el Gobierno de Quintana Roo.

A pesar de las gestiones institucionales emprendidas formalmente desde las audiencias públicas de 2025 ante la Gobernadora y el presidente municipal, los proyectos comprometidos, encabezados por la colocación de la primera piedra de un domo proyectada para octubre de 2025, permanecen totalmente paralizados y archivados en los escritorios gubernamentales.

Quejosos señalaron que desde hace más de un mes ingresaron peticiones para limpiar las áreas comunes, pero hasta el momento no han recibido una respuesta

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Ante el evidente agotamiento de los canales burocráticos y la persistente desatención oficial, los habitantes de la localidad han expresado su total respaldo a las autoridades comunitarias, señalando que la indiferencia del aparato público fuerza a la población a considerar acciones de protesta pacífica para exigir el respeto a sus derechos básicos de desarrollo, sostuvo la subdelegada de la comunidad de Santo Domingo, Leticia Galas Cetina, en representación de las familias del poblado.

La crisis de infraestructura en esta localidad es resultado de más de dos décadas de abandono institucional. Hace 22 años, la antigua cancha deportiva del poblado fue destruida tras la apertura y paso de maquinaria para la construcción de una carretera, espacio que posteriormente se ocupó para tirar escombros y material de construcción, dejando a la juventud local sin ningún espacio idóneo para el sano esparcimiento. Con el objetivo de revertir este panorama, las autoridades comunitarias optaron por seguir al pie de la letra los cauces legales e institucionales exigidos por los tres órdenes de Gobierno.

Tras agotar las gestiones institucionales, las familias respaldaron la posibilidad de realizar protestas pacíficas para exigir atención a sus demandas
Tras agotar las gestiones institucionales, las familias respaldaron la posibilidad de realizar protestas pacíficas para exigir atención a sus demandas / Luis Enrique Cauich

Durante la audiencia pública estatal celebrada en el año 2025, la subdelegada realizó el preregistro correspondiente y presentó de manera formal la solicitud a la Gobernadora, respaldada por un expediente fotográfico que evidenciaba el deterioro y el peligro del sitio.

En dicho encuentro, las autoridades estatales y el alcalde Nivardo Mena prometieron solemnemente que el domo y la rehabilitación de la cancha serían una realidad para octubre de ese mismo año. Incluso, personal técnico de la Secretaría de Obras Públicas (Seop) acudió al poblado a realizar las mediciones topográficas correspondientes, pero tras la toma de datos, el personal se retiró y las obras jamás iniciaron.

Lejos de recibir una solución, en los meses posteriores la comunidad se enfrentó al silencio por parte del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y la inacción estatal. Los pobladores tuvieron que canalizar fondos del proyecto Faispiam del Gobierno de 2025 para levantar una modesta y pequeña cancha.

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Dicha instalación quedó inconclusa y en obra negra por falta de recursos, carece de pintura, gradas, acabado y señalización adecuada. El espacio que actualmente utilizan los infantes se ubica en el parquecito central, colindante con la arteria vial principal y la delegación, lo que representa un peligro constante para los menores, cuyos balones rebotan frecuentemente hacia la carretera de tráfico pesado o hacia el templo contiguo.

Habitantes y autoridades comunitarias cuestionaron la utilidad de las audiencias públicas cuando estas no traducen los compromisos verbales en obras de beneficio social.