El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco empresas presuntamente simularon competencia para obtener contratos de material electoral por alrededor de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
Durante su comparecencia ante las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que las compañías compartían socios o representantes legales.
Carvente Contreras también reveló que existen 18 expedientes relacionados con presuntas irregularidades administrativas en el INE, de los cuales 13 continúan en investigación y cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidad por posibles faltas graves.
¿Qué empresas obtuvieron contratos millonarios de material electoral?
El titular del OIC identificó a Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México como las cinco empresas vinculadas entre sí.
Explicó que el presunto mecanismo consistía en presentar propuestas económicas con precios elevados para modificar los valores de referencia de las licitaciones y favorecer la contratación de alguna compañía del mismo grupo.
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"Estamos ante un escenario de colusión", señaló Carvente Contreras durante su exposición.
El funcionario precisó que el análisis preliminar comprendió 106 contrataciones de material electoral y 53 procedimientos de licitación pública, con información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia.
¿Qué irregularidades investiga el Órgano Interno de Control del INE?
Carvente Contreras expuso posibles irregularidades relacionadas con contratos y decisiones administrativas durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, aunque señaló que las prácticas identificadas tienen antecedentes en administraciones anteriores.
Entre los casos mencionados destacó un contrato para adquirir urnas y mamparas, cuya penalización pasó de cinco millones de pesos a 26 mil pesos.
También describió el caso de un servidor público que presuntamente participó en la contratación de una empresa de la que era socio y posteriormente firmó la recepción de los bienes.
El contralor aclaró que los cinco procedimientos administrativos abiertos deberán resolverse por las autoridades competentes y que no se ha atribuido a esos funcionarios la totalidad de los contratos identificados.
¿Los 2 mil 461 millones de pesos representan un daño al INE?
El titular del OIC aclaró que los 2 mil 461 millones de pesos corresponden al valor de los contratos identificados y no a un daño patrimonial comprobado.
Asimismo, subrayó que los hallazgos son preliminares y que la revisión no abarca todas las contrataciones realizadas por los organismos electorales locales.
Carvente Contreras señaló que corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinar si existieron faltas administrativas graves y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
Por ahora, las investigaciones sobre los contratos electorales continúan abiertas y no existe una resolución definitiva que acredite las presuntas irregularidades denunciadas.
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