“No existe un ‘gobernador del Pueblo Maya’ ni una figura equivalente que centralice la representación de las más de mil comunidades mayas de la Península de Yucatán”.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), a cargo de Óscar Banda González, es clara en observar esto sobre el llamado Gran Consejo Maya (GCM), encabezado por Simón Caamal Coh y Gabino Cruz Yeh.
La CDPIM detalló para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que a todas luces es claro en Quintana Roo y la Península de Yucatán en la vida cotidiana: “Cada centro ceremonial, cada comunidad, tiene sus propias autoridades —generales, cabos, sacerdotes— elegidas conforme a sus propios sistemas normativos”.
Entonces, “pretender que la existencia de un Pueblo Maya unificado y homogéneo, sin reconocer la autonomía de cada una de sus comunidades comunidades, cada una con sus propios intereses, conduciría a una parálisis que, paradójicamente, haría ilusoria la protección que la Constitución y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA) pretenden brindar”.
La explicación que hace la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
a la “ilegitimidad del denominado Gran Consejo Maya” es más que clara y se acompaña con la conducción de Caamal Coh y Cruz Yeh, los negociadores con el Grupo Xcaret y cobradores de 15 millones de pesos.
La dupla de Caamal y Cruz ha pretendido erigirse como ese “gobernador del Pueblo Maya”, que bien dicen, no puede existir. Por Esto! muestra en la edición del 7 de abril, cómo es que ambos personajes evolucionaron tras el asalto a la “directiva” en 2019, operando como si fueran una asociación civil.
Así, en tiempos de campaña -al puro estilo del charrismo sindical- el Gran Consejo Maya entrega nombramientos propios de la etnia. Es Maricarmen Candelaria Hernández Solís, por decisión de Simón Caamal y Gabino Cruz, la “Gran Hermana”.
La llamaron así siendo candidata de Morena a la Alcaldía de Felipe Carrillo Puerto, ahora es una amiga del Gran Consejo Maya, como Alcaldesa.
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La otra explotación del patrimonio
La explotación por la que se señala al Grupo Xcaret, al hacer uso del patrimonio cultural de los Maya Cruzo’Ob y por la que el Grupo de Miguel Quintana Pali y Carlos Constandse Madrazo mantiene varios juicios legales abiertos en distintos tribunales, es equiparable a lo que realiza el Gran Consejo Maya. Viven a expensas del legado cultural.
La Congregación de Comunidades Maya Cruzo'Ob, si bien mantiene una postura contra Xcaret por el lucro de la empresa turística con su patrimonio, también señala la falsa representación del grupo de Simón Caamal Coh.
Al puro señalamiento, el fin de semana pasado se sumó la exigencia de una auditoría al grupo asumido como Gran Consejo Maya, que recibió 15 millones de pesos del Grupo Xcaret, por un Contrato-Convenio de Transición. La cifra fue revelada durante la sesión del 26 de marzo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A cambio de esos millones de pesos, según ha trascendido, el Gran Consejo Maya acordó con el Grupo Xcaret permitirle el uso del patrimonio material e inmaterial, como productos de su marca en espectáculos y atracciones de la firma.
El general Alejandro Cauich May, a nombre de las comunidades Maya Cruzo’Ob, exigió cuentas al Gran Consejo Maya en la reunión celebrada el fin de semana pasado, en el Centro Ceremonial de Tixcacal Guardia.
Cauich May, junto con el líder maya de Petcacab, Esteban Puc Chan; Martín Chuc Ek, sargento maya de Tixcacal; Sergio César Chan Balam, de Señor; y los representantes de Chumpón, Xhazil Sur, Tihosuco; pidieron que se transparente el destino de ese dinero, porque a las comunidades no llegó.
Es otra explotación la que padecen el Pueblo y comunidades Maya Cruzo’Ob de parte de los suyos, de este grupo diminuto asumido en élite por una denominación nacida a iniciativa del gobierno estatal de Quintana Roo en 1998.
La advertencia es clara, el Gran Consejo Maya es una figura que -como señala la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México a través del amicus curiae de marzo del 2026- “no tiene origen ni fundamento alguno en los sistemas normativos tradicionales, instituciones sociales, culturales o políticas del Pueblo Maya Cruzo’Ob”.
Así como Xcaret lucra con el patrimonio maya sin una consulta previa válida, el Gran Consejo Maya se mantiene sacando provecho con una representatividad ilegítima, sin acuerdo de las comunidades y el pueblo que dice representar.
Es GCM por decreto y por tanto, tampoco puede disponer del patrimonio cultural de las comunidades quintanarroenses y menos de la Península Maya como pretende con sus recursos de queja ante otras marcas. Porque también lo está haciendo.
El Gran Consejo Maya en su última etapa es un vividor del patrimonio, según testimonios. Y pese a que su antecedente formal data de 1975, entonces llamado “Consejo Supremo Maya”, este también fue creado sin consulta a las comunidades mayas.
El vicio es de origen, la maquinaria se ha ido modernizando. La relación contractual GCM-Xcaret
La “buena”, como sospechosa, relación del Gran Consejo Maya de Simón Caamal Coh con el Grupo Xcaret, en lo legal Experiencias Xcaret Parques S.A.P.I. de C.V. y Experiencias Xcaret WEB S.A.P.I. de C.V., ha quedado de manifiesto en lo público y en lo privado.
En lo público, ambas entidades han difundido sus reuniones desde 2023 tras el desistimiento del grupo de Caamal Coh a la queja interpuesta ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) y posterior firma -en ese año- del famoso contrato de transición.
En lo privado, precisamente, es el llamado “Contrato o Convenio de Transición”, la mejor muestra de esa relación; ya que, pese a la importancia para las comunidades Mayas Cruzo’Ob, lo signaron bajo secreto de las partes.
Esa opacidad no es menor: conforme a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cualquier acuerdo que involucre patrimonio cultural, territorio, identidad o conocimientos tradicionales requiere consentimiento libre, previo e informado de la comunidad titular. Si ello no ocurre, como es el caso a decir de las propias comunidades, el convenio no sólo carece de legitimidad, sino que sería nulo e ilegal.
Sin embargo, esta peculiar relación fue expuesta en un escrito que el representante legal de los intereses de Miguel Quintana Pali y los hermanos Constandse Madrazo llevó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El documento al que Por Esto! tuvo acceso, presuntamente presentado por el abogado Rafael Gimenez Camacho para la sesión del 26 de marzo pasado, resulta más que revelador al respecto.
En el documento se alude al “Contrato de Transición”, que habría derivado el desistimiento que hizo el GCM en agosto del 2023. Este es una especie de autorización, que se ensalza, pero omite reconocer que el Gran Consejo Maya es una figura que carece del reconocimiento de la legislación aplicable, en este caso la propia Constitución y la LFPPCPCIA.
Es decir que, aunque el cuerpo jurídico de Xcaret reconoce al GCM como un ente validado por la legislación de Quintana Roo, omite la Carta Magna y la ley en materia; con sus respectivas reformas, que además son conquistas recientes de los últimos gobiernos federales.
No sólo eso, el cuerpo jurídico de Xcaret pretende hacer ver -para sus fines- al Gran Consejo Maya como un órgano colegiado integrado por los cinco centros ceremoniales mayas; sin embargo esto no sólo lo hace sin sustento, sino que es evidente que ese grupo de supuesta representación, no está alineado a la historia, costumbres, tradición y cosmovisión de las comunidades maya Cruzo’Ob, donde cada General es autónomo.
Abogados indigenistas consultados al respecto, señalan que el mismo Gran Consejo Maya estaría, como órgano colegiado, destruyendo la autonomía de las comunidades maya, que es el valor más importante que las etnias defienden.
El documento de defensa de Xcaret expuesto para análisis de los ministros, puso en un papel preponderante el mentado "Acuerdo de Transición", como base para recibir el visto bueno de los mayas, para que la empresa siguiera usando el patrimonio cultural a modo de su modelo de negocio; sin embargo, tal acuerdo sin ser de conocimiento para los ministros, nunca ha sido exhibido ante el Indautor - la autoridad administrativa- ni tampoco ha sido exhibido a las comunidades Maya Cruzo’ob, principales interesados y afectados por su contenido.
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Es preciso subrayar: Sólo las partes lo conocen y el Gran Consejo Maya no ha sido transparente con las comunidades sobre los beneficios obtenidos de él.
Pero Xcaret fue y va más allá, pues en el documento asegura que la firma del contrato de transición con el GCM no tuvo “oposición generalizada”; pero omite el elemento más importante de este presunto acuerdo: tanto en sus términos, como en los beneficios que supuestamente distribuye, éste se ha mantenido en oculto para con las comunidades que, en principio, deberían haber sido sus destinatarias.
Por tanto, esta condición impide evaluar, de manera objetiva su legitimidad, alcance y conformidad con los estándares constitucionales y convencionales aplicables.
En otro apartado del documento, el cuerpo legal de Xcaret expuso que el denominado Gran Consejo Maya tiene “reconocimiento institucional estatal” y revela que el Gobierno del Estado de Quintana Roo habría emitido acreditaciones en favor de Simón Caamal Coh y Gaino Cruz Yeh como Presidente y Secretario de ese órgano.
Incluso, Por Esto! pudo conocer que se entregaron copias de éstas (acreditaciones) a los ministros que recibieron el documento del Grupo Xcaret. ¿Es entonces el Gran Consejo Maya un órgano colegiado que se reduce a la actuación de dos personas?
Porque además, estas dos personas, Caamal Coh y Cruz Yeh, ya desistieron una vez de un recurso de queja ante Indautor en favor de Xcaret, firmaron un convenio con la empresa y recogieron (en pago) 15 millones de pesos.
Esto no es representación comunitaria, ni defensa del patrimonio cultural, pero así opera el grupo de las guayaberas de “sello” GCM.
Continuará…
