El análisis, del pasado 26 de marzo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el amparo a Xcaret que continuaba permitiéndole el uso de patrimonio cultural Maya Cruzo’Ob, como atracción y publicidad en sus parques, hoteles y tours; no sólo evidenció el lucro que la empresa del dúo Quintana-Constandse hace del legado indígena de la región, sino también el clientelismo con el que se conduce el llamado y autoelegido “Gran Consejo Maya”, encabezado -desde 2019- por Simón Caamal Coh.
Este grupo, de probada amistad y buena relación con Xcaret: el Gran Consejo Maya, integrado por Simón Caamal Coh, Gabino Cruz Yeh, Esteban Caamal Dzul, Edilberto Chablé Catzín; así como sus asesores, Catalina Rodríguez y Joaquín Arzápalo Gómez, fueron puestos bajo observación con sendos argumentos legales, basados en la Constitución Política de México, por la ilegitimidad con la que operan y -aparentemente- se benefician.
Noticia Destacada
Dignatarios Cruzo’Ob exigen auditoría al Gran Consejo Maya sobre 15 mdp que recibieron de Xcaret
Aunque la esencia del análisis, del proyecto de la ministra María Estela Ríos González, era otra; tanto en la ponencia principal como en las distintas intervenciones durante la sesión, se puso en tela de juicio la legitimidad con la que el Gran Consejo Maya (GCM) había negociado a nombre del pueblo y comunidades mayas, el pago de 15 millones de pesos con el grupo empresarial Experiencias Xcaret, como -prácticamente- un pago por el permiso de la etnia en la Península de Yucatán, para que usaran el patrimonio cultural como un producto de la marca.
María Estela Ríos González, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, los ministros Lenia Batres Guadarrama, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figueroa Mendoza, María Herrerías Guerra y Loreta Ortiz Ahif; en distintos momentos de la polémica sesión, observaron en su justa dimensión a esa entidad, encabezada por Simón Caamal Coh.
Un Gran Consejo Maya a modo, creado en 1998 bajo el tiránico gobierno de Mario Villanueva Madrid, quien armó sindicatos a conveniencia en la naciente entidad turística llamada Quintana Roo.
Sin legitimidad el GCM
Testimonios recogidos por Por Esto! entre las comunidades mayas Cruzo’Ob en Felipe Carrillo Puerto, señalan a Caamal Coh y su grupo: Gabino Cruz, Esteban Caamal y Edilberto Chablé; de hacerse de una falsa representación de los centros ceremoniales de
Chumpón, Chancah Veracruz, Tixcacal Guardia y de la Cruz Parlante en Felipe Carrillo Puerto.
Son ellos los únicos beneficiados de los acuerdos con el grupo económico de Miguel Quintana Pali y Carlos Constandse Madrazo, de ahí que este GCM se desistió de la queja que primero interpusieron ante el Instituto Nacional de los Derechos de Autor (Indautor) contra Grupo Xcaret.
La firma del famoso Acuerdo o Contrato de Transición, entre ambas partes, a todas luces ventajosos para este grupito identificado por las finas guayaberas de lino que ahora usan, no reflejó beneficio para las comunidades que dicen representar.
“El estándar legal y constitucional dice que los pueblos que son titulares de su patrimonio cultural, solamente pueden otorgar su consentimiento vía un procedimiento de consulta previa, libre e informada, es decir, aún existiendo el contrato (celebrado entre Xcaret y el Gran Consejo Maya); ese contrato debía haberse sometido a una consulta previa libre e informada”; explicó el Ministro Aguilar Ortiz en la sesión de la SCJN.
“La Ley de Patrimonio Cultural dice que sólo los pueblos pueden disponer de él”; señaló el Ministro Presidente al argumentar su voto a favor de la ponencia del día 26 de marzo. El día del revés para Xcaret.
Cada ministro, de los siete a favor, destacó el papel que juega el Gran Consejo Maya de Caamal, mismo que se ha conducido autoritariamente como “gobernante maya”.
“Charrismo” en la Selva Maya
Por Esto! tuvo acceso, en su totalidad, al “Amicus Curiae” (Amigo de la Corte) presentado a la SCJN el 10 de marzo pasado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), unidad de la Secretaría de Gobernación.
Es un documento de 23 hojas en el que se aportaron argumentos legales para contribuir al análisis de los ministros. En éste, se reveló la ilegitimidad del GCM de Caamal Coh.
En él se exponen los elementos jurídicos, antropológicos y de derecho, que demuestran la falta de legitimidad del grupo denominado Gran Consejo Maya. Es un interlocutor inválido del Pueblo Maya Cruzo’Ob, que -además- ha dejado graves consecuencias para la comunidad indígena que dice representar.
La opinión de la Comisión de los Pueblos Indígenas de México, que encabeza Oscar Banda González, cuestiona la integración y forma en la que los integrantes del GCM se presenta y dice representar a los Maya Cruzo’Ob de Quintana Roo y la Península; pues se ostentan también como guardianes de los intereses de la etnia de Yucatán y Campeche, con el fin de sacar provecho con recursos de queja por el uso del patrimonio. Lo cual se tratará en entrega editorial aparte.
El documento de la unidad de la Secretaría de Gobernación comparó al Gran Consejo Maya, con las instituciones “charras” o clientelares, de esas conocidas en México principalmente en el ámbito laboral, privado y burócrata.
Lo estima así, porque el GCM “es un ente creado por ley estatal, sin consulta previa, sin fundamento en los sistemas normativos mayas, y cuya existencia ha sido expresamente rechazada por las comunidades Maya Cruzo’Ob a través de sus autoridades tradicionales”.
Además de esto, el Gran Consejo Maya, en el caso Xcaret “está siendo instrumentalizado para simular un consentimiento que las comunidades titulares del patrimonio cultural nunca han otorgado, a través de un contrato que no cumple con ninguno de los requisitos de ley y que ni siquiera ha sido exhibido ante la autoridad administrativa competente”; apunta una parte del documento cuyo contenido pudo consultar Por Esto!
Aunado a la falta de legitimidad en su elección y su carente interés común en beneficio de los indígenas mayas, este GCM, del que se adueñó Simón Caamal Coh desde 2019, realizó un Contrato de Transición sin la participación de autoridades tradicionales ni del Estado Mexicano en competencia, según la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (LFPPCPCIA); pero además, por si fuera poco… no es público.
Y es que el Gran Consejo Maya, según testimonios en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, actúa con Xcaret y gobiernos a cambio de la protección y beneficios económicos cooptados por los intereses estatales y empresariales; al más puro estilo del “charrismo”.
Noticia Destacada
“Nos seguiremos defendiendo", advierten Mayas Cruzo’Ob tras fallo de Justicia Administrativa
De ese “charrismo mexicano” nacido en la esfera sindical a modo del priismo, desde la década de los cuarenta.
Para quienes conocen de cerca a los miembros del Gran Consejo Maya, es claro que Xcaret está utilizando su dinero en un esquema neocolonial para operar a su favor con el grupo de Simón Caamal.
Mientras las cabezas del Gran Consejo Maya estén bien, no importan las condiciones de sus supuestos representados, ellos sirven a los intereses de empresarios o del Estado. Han reprimido a la disidencia, derrocaron al general José Isabel Sulub Cimá, le destituyeron a la mala. Así operan.
El “Charrismo” es un esquema de operación nacido con nombre en 1948 cuando Miguel Alemán impuso a Jesús Díaz de León como cabeza del Sindicato Ferrocarrilero. A él le apodaban “El Charro”, porque le gustaba vestir el traje tradicional, y de ahí el mote; las prácticas clientelares como líder derivaron en este concepto que hoy se ve replicado hasta en la selva maya, vistiendo guayaberas.
No es coincidencia, son componendas. Continuará…
