El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quedó en condiciones de cumplir prisión domiciliaria luego de que un juez federal lo absolviera, el pasado 28 de mayo, del delito de delincuencia organizada, resolución que eliminó el principal obstáculo jurídico que mantenía su internamiento en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.
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La sentencia, emitida por el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, del Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó la responsabilidad de Borge en el delito de delincuencia organizada relacionado con la presunta venta irregular de predios en Quintana Roo.
Con esta resolución, el exmandatario podrá hacer efectiva la medida cautelar de prisión domiciliaria que ya le había sido concedida desde 2023 dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), una vez concluidos los trámites judiciales y administrativos correspondientes.
Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Roberto Borge haya abandonado el Ceferepsi o de la fecha exacta en que se concretaría su traslado para cumplir el arresto domiciliario, por lo que esa diligencia permanece pendiente de confirmación por las autoridades competentes.
Contexto del caso
Roberto Borge Angulo fue gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 por el PRI. El 4 de junio de 2017 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Francia. Posteriormente fue extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales relacionados con presuntas operaciones irregulares durante su administración.
Durante varios años permaneció en prisión preventiva debido al proceso por delincuencia organizada, situación que impedía hacer efectiva la prisión domiciliaria autorizada en el expediente por lavado de dinero.
El proceso continúa
La absolución no significa que Roberto Borge haya recuperado su libertad plena. El exgobernador continúa sujeto a proceso por el presunto delito de lavado de dinero y deberá cumplir las medidas cautelares impuestas por el juez, entre ellas el arresto domiciliario, vigilancia mediante brazalete electrónico, garantía económica y restricciones de movilidad.
Respecto a otros procesos estatales iniciados en su contra por presuntos delitos como peculado y desempeño irregular de la función pública, varios han sido modificados, sobreseídos o resueltos en distintas etapas judiciales, por lo que su situación legal continúa dependiendo de cada expediente en particular.
