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Quintana Roo

Tribunal Electoral de Yucatán prevé más impugnaciones en 2027; IA, candidaturas indígenas y paridad abren nuevos frentes

El TEEY reforzará conocimientos en paridad de género, acciones afirmativas y derechos de pueblos y comunidades indígenas.

Prevén litigios en elección del 2027 en Yucatán
Prevén litigios en elección del 2027 en Yucatán / Especial

El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) comenzó a reforzar personal, procedimientos digitales y capacitación ante el proceso electoral del 2027, una elección en la que se renovarán el Congreso local y los 106 ayuntamientos y que, además, coincidirá con los comicios federales y la segunda etapa de la elección judicial.

El magistrado Arturo Jesús Sandoval Torres explicó que el organismo prevé un aumento en los asuntos e impugnaciones, por lo que trabaja desde ahora en mejorar su capacidad de respuesta y modernizar la tramitación de los expedientes.

En Yucatán estarán en juego las 35 diputaciones del Congreso estatal, integradas actualmente por 21 espacios de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, además de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de los 106 ayuntamientos. La Constitución local establece que diputaciones y autoridades municipales se eligen cada tres años.

A esa elección local se sumará la federal para renovar las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, 300 por mayoría relativa y 200 de representación proporcional. El INE prevé elecciones concurrentes en todo el país y una jornada nacional el 6 de junio del 2027.

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Yucatán también forma parte de las entidades que completarán en el 2027 la renovación de cargos de su Poder Judicial local. En el 2025 fueron elegidas nueve magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; el proceso pendiente deberá concluir durante la elección ordinaria del 2027.

Preparan juicios en línea

Entre los cambios que analiza el TEEY está transmitir por Internet las sesiones relacionadas con los procesos electorales, fortalecer los expedientes digitales y avanzar hacia mecanismos que permitan conectarse con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La intención es acercarse a un esquema de juicio en línea y reducir tiempos de atención cuando aumente la carga de expedientes.

Sandoval Torres indicó que la preparación también incluye capacitación del personal en temas que podrían generar nuevas controversias durante las campañas.

Uno de los principales focos será el uso de inteligencia artificial. “Es muy probable que durante el próximo proceso electoral haya alguna impugnación” relacionada con esa tecnología, señaló el magistrado.El riesgo, explicó, es que herramientas utilizadas ya de manera cotidiana también lleguen a propaganda, mensajes y materiales de campaña, lo que podría abrir disputas sobre autenticidad, manipulación de contenidos o afectaciones a candidaturas.

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El magistrado recordó que en otros procesos electorales de América Latina se han presentado controversias vinculadas con estas herramientas, por lo que el tribunal se prepara antes de que aparezcan los primeros casos en Yucatán.

Género e inclusión indígena

El TEEY también reforzará conocimientos en paridad de género, acciones afirmativas y derechos de pueblos y comunidades indígenas, áreas que suelen generar impugnaciones en el registro de candidaturas y la asignación de espacios.

Sandoval Torres puso especial atención en las candidaturas destinadas a integrantes de la comunidad maya. Señaló que uno de los retos será verificar que quienes ocupen esos espacios pertenezcan realmente a los grupos para los cuales fueron creadas las acciones afirmativas.

El magistrado consideró además que el proceso electoral debe ampliar la representación de sectores que históricamente han tenido menor presencia política.

A la preparación jurídica se suma la discusión sobre el costo de las elecciones y el financiamiento público de los partidos. Sandoval Torres reconoció la preocupación ciudadana por el gasto electoral y planteó que deben buscarse mecanismos para organizar procesos menos costosos sin afectar derechos ni la competencia entre fuerzas políticas.