Después de ser capturado la semana pasada en la ciudad de Mérida, un presunto extorsionador que estaba prófugo de la justicia desde hace seis meses fue vinculado a proceso por un Juez de Control de esta ciudad y permanecerá en prisión preventiva.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión revelaron que el ahora detenido, Juan Pablo “N”, exigió diversas cantidades de dinero a la víctima por medio de un sitio web.
La captura del presunto extorsionador se registró el viernes pasado en Mérida, en un operativo que realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Yucatán en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para la aplicación de una orden de aprehensión que emitió un Juez de Control de Cancún.
El hecho delictivo ocurrió en el mes de mayo pasado, cuando la víctima de la extorsión reportó que sufrió amenazas y exigencias económicas por parte del imputado.
Luego de su traslado a Cancún, un Juez de Control valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y con esto determinó la vinculación a proceso contra Juan Pablo por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión, en agravio de una víctima de identidad reservada.
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El ahora detenido es señalado de haber contactado a la víctima a través de un sitio web y de esta manera ejerció diversos mecanismos de presión y exigencias económicas sobre el afectado, solicitando tres mil pesos y amenazando con divulgar su información personal si no cumplía con el pago.
De acuerdo con las investigaciones, Juan Pablo contactó días después a la víctima, quien depositó la cantidad solicitada, pero posteriormente el imputado exigió el pago de 12 mil pesos.
Debido a que el agraviado no tenía esa cantidad, depositó únicamente mil 800 pesos, pero las exigencias subieron de nivel, porque el ahora detenido pidió 20 mil pesos para no divulgar con sus familiares una información que le afectaría.
Por este motivo, el imputado continuará en el Centro de Reinserción Social, porque el Juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva por un término de dos años o por el tiempo que duré el proceso judicial.
