La presencia de maleteros irregulares en las terminales aéreas de la ciudad inquieta a visitantes y trabajadores sindicalizados.
Estos sujetos operan sin permisos oficiales, abordando a viajeros primerizos para ofrecerles el traslado de equipaje. Sin embargo, la cortesía resulta costosa: llegan a exigir hasta 50 dólares a extranjeros y más de 500 pesos a nacionales por recorridos mínimos.
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El personal autorizado califica esto como una "mafia" y señala una presunta complicidad de la Guardia Nacional (GN), sugiriendo acuerdos para permitirles laborar en los andenes. La modalidad consiste en interceptar a los pasajeros recién llegados y llevar sus pertenencias hasta los mostradores de documentación, donde proceden a cobrar tarifas arbitrarias. A diferencia de los empleados registrados, quienes subsisten mediante propinas voluntarias, estos individuos imponen cuotas fijas bajo presión.
Un prestador de servicios veterano, quien prefirió el anonimato por seguridad, explica que el conflicto lleva años. Pese a intentos de diálogo para que se alineen a la normativa, los oportunistas responden con violencia y hostilidad. “Estamos debidamente uniformados, con credenciales visibles y representados por nuestra asociación. Ellos no tienen identificación y estafan al turista, demeritando un oficio que hemos dignificado por décadas”, lamentó.
Durante un recorrido por las Terminales 2 y 4, se detectó a sujetos sin la Tarjeta de Uso de Aeropuerto (TUA) obligatoria. Al intentar ser cuestionados, huyeron hacia otros sectores del inmueble.
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Según una oficial de la GN, estos operadores aprovechan vacíos legales; se presentan como asistentes de camionetas de transporte turístico con permisos de la SICT. Mientras esperan su siguiente unidad, captan clientes de forma ilícita.
“Los más vulnerables son los adultos mayores y quienes desconocen la dinámica del destino. Se aprovechan de la necesidad física de mover bultos pesados”, comentó un usuario nacional. Aunque se desconoce el número exacto de infractores, los trabajadores con más de 25 años de antigüedad exigen que las autoridades limpien la zona federal de estos esquemas que laceran su sustento y la imagen del Caribe Mexicano.
