Una nueva modalidad de extorsión afecta a trabajadores de pipas de agua y mudanzas en el destino, donde presuntos delincuentes que aseguran pertenecer a un grupo criminal exigen pagos de entre 20 mil y 150 mil pesos para permitirles operar.
De acuerdo con testimonios de operadores, el modus operandi consiste en realizar llamadas telefónicas a las empresas para solicitar un servicio. Una vez que el trabajador llega al punto indicado, inicia el chantaje.
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El caso más reciente ocurrió en la zona de Malecón Tajamar, donde tres empleados de pipas fueron enviados a atender un supuesto reporte.
Durante aproximadamente siete horas estuvieron privados de la libertad, mientras los delincuentes mantenían comunicación con los dueños de las unidades para exigir dinero a cambio de soltarlos.
Trabajadores del sector dijeron que los presuntos criminales nunca se presentan físicamente en el lugar y todo se realiza mediante amenazas psicológicas, en las que advierten que dañarán al operador o quemarán la unidad si no se realiza el depósito.
“Les hablan a los patrones, dicen que pertenecen a un cártel y que si quieren volver a ver a su chofer tienen que pagar”, relató uno de los operadores, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Los afectados explicaron que, en varios casos, dueños de pipas también cuentan con camiones de mudanza, por lo que ambos giros comerciales han sido alcanzados por esta práctica.
“No sabemos si son de algún grupo delictivo o no, pero de que es real lo es; a un patrón ya le sacaron 150 mil pesos”, indicó otro chofer.
En lo que va del año se han registrado alrededor de 25 casos de privación ilegal y poco más de 30 por extorsión.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Cibernética informó que durante el año pasado, entre los delitos más denunciados al 911 destacaron la cobranza ilegítima mediante amenazas, con mil 132 llamadas, y la extorsión cibernética, con 816 casos.
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A pesar de la gravedad de los hechos, no existen denuncias formales ante las autoridades, pues los mismos trabajadores reconocieron que el miedo a represalias ha impedido que los casos sean reportados.
Mandos policiacos señalaron que no tienen conocimiento oficial de estos eventos, precisamente porque carecen de actas ante la Fiscalía.
Los operadores solicitaron que se dé a conocer esta situación para alertar a otros trabajadores del sector, pues consideran que la extorsión se expande hacia oficios que dependen del trabajo diario, dejando vulnerables tanto a los empleados como a los pequeños empresarios que viven de estos servicios.
