Integrantes de la agrupación sindical CROM “Luis N. Morones” realizaron una manifestación pacífica en la entrada sur de Bacalar para exigir que se respete el trabajo de los transportistas locales en obras públicas que se ejecutan en el municipio, donde denuncian que operan volquetes provenientes de Othón P. Blanco sin acreditar su representación sindical.
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De acuerdo con lo expuesto por los inconformes, el conflicto se originó en la comunidad de Manuel Ávila Camacho, donde transportistas bacalarenses detectaron que la empresa Terracerías y Construcciones Crisol S.A. de C.V. realizaba trabajos con unidades del municipio vecino. Señalaron que algunos de esos camiones portaban rótulos del sindicato Contramex y que, según su versión, carecen de la toma de nota, el registro que acredita ante la autoridad laboral la representatividad de una organización.
Los quejosos aseguraron que, días antes, ya habían bloqueado a esas mismas unidades en una planta asfáltica con la intención de que las agrupaciones foráneas demostraran su personalidad jurídica mediante un acuerdo común entre los gremios. Sin embargo, afirmaron que las autoridades permitieron que los vehículos continuaran laborando, situación que, dijeron, los llevó a insistir en su reclamo.
Posteriormente, durante una inspección realizada en la misma comunidad, los sindicalizados de Bacalar manifestaron haber documentado mediante fotografías que los camiones de Othón P. Blanco presuntamente alteraban sus números económicos. Según su versión, las unidades conservaban las mismas placas, pero los números visibles en las carrocerías eran modificados para trabajar a conveniencia en la zona. Hasta el momento, esta acusación no ha sido confirmada por autoridades ni por las empresas o agrupaciones señaladas.
Durante la protesta, Roger May, socio concesionario de la agrupación, solicitó la intervención del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) y de otras instancias. Argumentó que los transportistas locales han cumplido con sus obligaciones, entre ellas el pago de licencias y refrendos, y sin embargo consideran que su derecho al trabajo no está siendo atendido.
Por su parte, Cinthia Zamet Luna, operadora del volquete 231 y habitante de la comunidad rural de Miguel Hidalgo, sostuvo que el desplazamiento laboral repercute de manera directa en el sustento de las familias locales que dependen de esta actividad. Subrayó que el reclamo busca que quienes viven en el municipio tengan oportunidad de participar en las obras que se realizan en su propio territorio.
Los manifestantes informaron que mantendrían la protesta de forma pacífica durante aproximadamente una hora y media, con la expectativa de que las autoridades respondan con una solución pronta y equitativa.
JGH
