Quintana Roo / Isla Mujeres

Sheinbaum pide denunciar ante el Gabinete de Seguridad presuntas extorsiones en Isla Mujeres

El exhorto de la Presidenta se da ante acusaciones de empresarios contra funcionarios municipales.

Comerciantes acusaron a las autoridades de mantener un Gobierno de puertas cerradas
Comerciantes acusaron a las autoridades de mantener un Gobierno de puertas cerradas / Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a empresarios que aseguran haber sido víctimas de presuntas extorsiones por parte de funcionarios municipales de Isla Mujeres en los últimos meses que presenten la denuncia ante el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de iniciar una investigación contra los probables responsables. La Mandataria respondió a una pregunta sobre el tema durante la conferencia realizada ayer en Palacio Nacional.

Esta versión sobre supuestos actos de corrupción cometidos por agentes de Fiscalización municipal comenzó a difundirse entre directivos de negocios, quienes aseguran haber sido sancionados e incluso clausurados bajo diversos argumentos. Hasta el cierre de esta edición, ninguno había presentado una denuncia pública; sin embargo, tras el llamado presidencial, esperan contar con un canal adecuado para exponer los hechos y evitar posibles represalias.

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El tema no es nuevo. En el 2019 se registraron varios casos de extorsión contra establecimientos por parte de presuntos grupos delictivos, situación que derivó en una reunión de empresarios del sector hotelero, comercial y restaurantero con autoridades municipales y el alto mando de la Quinta Región Naval. Uno de los participantes recordó que en ese encuentro se plantearon diversas acciones, entre ellas la instalación de cámaras de videovigilancia del C2.

A diferencia de aquellos hechos, señaló José Luis, directivo de una empresa local, ahora las presuntas exigencias provienen de supuestos funcionarios municipales, quienes solicitarían cuotas a cambio de evitar clausuras consideradas injustificadas.

De acuerdo con un medio nacional, entre los señalados se encuentran presuntamente William Conrado Alarcón y Hugo Sánchez Montalvo, director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación, así como el secretario general del Ayuntamiento, respectivamente.

El primero de ellos ha permanecido durante distintas administraciones dentro de la estructura pública y ha ocupado cargos relacionados con infraestructura y gestión municipal.

Del segundo se menciona una participación relevante dentro del esquema político-administrativo del Gobierno municipal encabezado por Atenea Gómez Ricalde y del grupo relacionado con su familia.

Hasta el cierre de esta edición, el área de Comunicación Social del Gobierno municipal no había emitido una postura sobre el caso. Tampoco el director de Fiscalización y Cobranza, Luis Julián Rivero Ramírez, respondió al llamado presidencial, en medio del hermetismo oficial.

En reuniones privadas, varios empresarios coincidieron en que la Munícipe se ha distinguido por mantener una política de puertas cerradas hacia el sector productivo. Afirmaron que solicitaron audiencias para abordar diversos asuntos, entre ellos la promesa incumplida de establecer una ventanilla única desde el 2021; sin embargo, aseguran que nunca fueron atendidos.

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“No íbamos a pedir favores personales, sino hablar de los problemas que afectan al sector. Además, en el cobro de impuestos tampoco hubo descuentos que ayudaran a evitar el cierre de negocios locales ante la fuerte competencia generada por la llegada de grandes cadenas, en una competencia totalmente desigual”, comentó Antonio, representante de un establecimiento ubicado en el primer cuadro del Centro Histórico.

También reclamó que no hubo acciones contra el exalcalde Juan Carrillo, diputado federal, quien presuntamente ocasionó un daño a la Tesorería por 250 millones de pesos, según la denuncia presentada en el verano del 2022 por la Alcaldesa. En ese momento se informó que avanzaban las investigaciones fiscales para presentar la querella ante la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, el procedimiento no prosperó y hasta la fecha, señaló, la funcionaria evita hablar del tema, lo que hace suponer que habría desistido de la acusación como parte de un acuerdo político, previo a su contienda para mantenerse en el cargo bajo las siglas de Morena en el 2024.