Las autoridades educativas estatales iniciaron el análisis de las denuncias presentadas por padres de familia en contra del director de un plantel del Colegio de Bachilleres de Quintana Roo en Cozumel, luego de señalamientos por presuntos actos de corrupción e irregularidades en cobros y cuotas escolares, lo que motivó la apertura de una revisión administrativa para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
El director general del subsistema, Jorge Aguilar Rodríguez, confirmó que personal del Colegio de Bachilleres trabaja en la investigación y subrayó que el procedimiento requiere evidencias documentales y testimoniales que respalden los señalamientos.
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“Es indispensable que las quejas se sustenten con pruebas para poder actuar conforme a la normatividad”, indicó.
De acuerdo con versiones de padres consultados, las inconformidades se centran en cobros considerados no autorizados, falta de claridad en el destino de cuotas y posibles prácticas administrativas irregulares dentro del plantel.
Algunos tutores señalaron que estas situaciones impactan la economía familiar y generan desconfianza en la gestión escolar.
“No estamos en contra de aportar cuando es legal y transparente, lo que pedimos es claridad”, expresó Ana, una madre de familia.
Docentes consultados pidieron que el proceso se conduzca con imparcialidad y respeto al debido proceso, a fin de no afectar el desarrollo escolar ni la imagen institucional.
La autoridad escolar reiteró en ciclos anteriores que las cuotas voluntarias deben sujetarse a lineamientos claros, informarse con oportunidad y contar con respaldo de los comités escolares.
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Aguilar Rodríguez afirmó que no se tolerarán prácticas fuera de la norma y que, de acreditarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Señaló que las investigaciones continuarán y que se mantendrá comunicación con la comunidad escolar para informar avances en cuanto lo permita el marco legal.
Mientras tanto, exhortó a los padres de familia a canalizar formalmente cualquier denuncia por las vías institucionales, acompañándola de la documentación pertinente.
Reiteró que el objetivo es esclarecer los hechos, proteger los derechos de los estudiantes y asegurar la correcta aplicación de los recursos, fortaleciendo la confianza en las instituciones educativas del estado.
