Habitantes y visitantes señalaron a SkyReef, Paradise Beach, Mr. Sanchos, Alberto’s Beach, Nachi Cocom, San Francisco Beach Club y Margarita Beach como algunos de los clubes de playa que operan bajo esquemas de consumo mínimo o pases reembolsables en alimentos y bebidas, en medio de una nueva denuncia ciudadana por el presunto cobro de entre 500 y mil pesos para permitir el acceso a una playa de la zona sur de Cozumel, según los propios denunciantes.
De acuerdo con el relato de los visitantes, al intentar dirigirse hacia la costa fueron interceptados por trabajadores, quienes les informaron que para ingresar debían cubrir el monto establecido.
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El caso corresponde hasta ahora a una queja ciudadana y no existe una resolución oficial que determine si hubo alguna irregularidad.
Mario Balam, vecino de la zona Centro, señaló que el acceso al litoral se ha convertido en un tema recurrente entre habitantes y turistas. “Una cosa es pagar por alimentos, bebidas o el uso de instalaciones, y otra que se cobre como requisito para llegar hasta la playa. La autoridad tendría que revisar qué está permitido en cada establecimiento”, declaró.
Explicó que uno de los principales puntos de debate radica en diferenciar entre el pago por amenidades y el ingreso a la franja costera. Los negocios pueden ofrecer alimentos, bebidas, camastros, actividades recreativas y otros servicios conforme a las autorizaciones; sin embargo, corresponde a las instancias competentes determinar si un consumo mínimo puede establecerse como condición para llegar al área de playa.
Diego Rivera, visitante de Cozumel, comentó que los turistas deben contar con información clara antes de acudir a estos sitios. “Cuando una familia llega a una playa espera conocer si el pago corresponde al servicio que quiere utilizar. Si existe un consumo obligatorio para poder pasar, debería estar claramente dicho antes de llegar al lugar”, expresó.
Ante la denuncia, los inconformes solicitaron la intervención de la Zona Federal Marítimo Terrestre, autoridades ambientales y administrativas, con el propósito de verificar las condiciones bajo las cuales opera el establecimiento y determinar si el acceso señalado se encuentra dentro de los términos de la concesión otorgada.
Sergio Ávila, prestador de servicios turísticos, señaló que los negocios tienen derecho a cobrar por las prestaciones que ofrecen, siempre que las condiciones sean transparentes y se apeguen a las autorizaciones vigentes. “Una inspección permitiría establecer qué corresponde al servicio privado y qué al acceso a la playa”, indicó.
Habitantes afirman que en diversos puntos de la costa sur y norte existen pocos accesos públicos visibles, debido a la presencia de complejos privados que ocupan amplios tramos frente al mar.
