La detención de Roxana Lili “N”, expresidenta municipal de Playa del Carmen, no ocurrió en el vacío, fue el punto visible de una cadena de denuncias penales, observaciones de auditoría y quejas ciudadanas acumuladas durante y tras su Gobierno, del 2021 al 2024.
Fue detenida por autoridades ministeriales la noche del pasado 19 de noviembre en la Alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México, por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. La investigación apunta a tres licitaciones, entre el 2022 y el 2024, para el lavado de vehículos oficiales. El presunto daño supera los 62 millones de pesos.
Según la indagatoria, los contratos se adjudicaron a un proveedor con solo 15 empleados, sin comprobantes fiscales digitales iniciales, que habría reportado hasta 865 lavados mensuales para una flotilla de 123 unidades y la Fiscalía sostiene que el servicio, aparentemente, nunca se realizó.
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El caso de los vehículos no es el único expediente, ya que en el 2025, dos excolaboradores fueron detenidos y vinculados a proceso por la presunta apropiación indebida de un predio municipal en la colonia Cristo Rey, cuya venta se habría firmado un mes antes de concluir la administración, se trata de su exsecretaria particular, Ariadne “N”, y del exdirector de Asuntos Contenciosos, Jorge “N”, acusados de aprovechamiento ilícito del poder y abuso de autoridad.
También se denunció la venta de un predio municipal en Cristo Rey, por 13 mil pesos, semanas antes del cambio de administración, además de presuntos despojos a beneficiarios del programa “Vigilante Ciudadano”, con más de 30 posibles afectados.
También, ante la Fiscalía Anticorrupción se denunciaron contratos con presuntas empresas fachada, como uno por más de 9.8 millones de pesos para mantenimiento de áreas verdes.
El frente fiscalizador es igual de amplio, ya que el 16 de abril del 2025, la contralora municipal, Cristina Alcérreca, informó que se investigaban irregularidades que podrían representar un daño patrimonial superior a 148 millones de pesos, derivado de observaciones no solventadas en la Cuenta Pública 2023. De igual manera, reportó observaciones federales por más de 400 millones por participaciones federales y fondos municipales, como el Fortamun, del 2021, el 2022 y el 2023.
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La Auditoría Superior del Estado notificó observaciones por 220 millones en la Cuenta Pública 2022, de los cuales 170 mdp quedaron pendientes de aclarar, e inconsistencias por 174 millones en el 2023, además de emplazamientos en febrero del 2026 para reintegrar más de 80 millones no solventados.
En la calle, la inconformidad fue por otros motivos. Los habitantes y comerciantes denunciaron la persistencia del cobro de “derecho de piso”, hechos violentos en zonas turísticas y bares, así como presunto abuso de autoridad por parte de la Policía Municipal. Colectivos cuestionaron obras en periodo electoral, con afectación a áreas verdes, selva nativa y cenotes en Villas del Sol.
Actores políticos y organizaciones civiles criticaron la falta de transparencia en declaraciones patrimoniales, el uso de recursos y operadores políticos durante su campaña de reelección en el 2024, y la promoción de amparos para frenar comparecencias tras dejar el cargo. Roxana Lili “N” ha sostenido su inocencia y recurrió a amparos, pero las acusaciones siguen en investigación y proceso, sin sentencia definitiva.