La frontera natural de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún enfrenta una nueva amenaza, y no se trata de incendios, ni fenómenos climáticos: es el avance implacable del concreto, promovido por constructoras que han puesto sus ojos sobre miles de hectáreas de selva virgen en Kinchil, Yucatán.
Residencial Bokobá, Residencial Itzamná, Grupo Libera y Hacienda Celestún encabezan la lista de empresas inmobiliarias señaladas por habitantes y activistas como responsables del despojo de al menos 5 mil hectáreas de tierras de uso común, según denuncias documentadas por el activista Federico May, defensor del territorio y portavoz de los campesinos afectados.
Pero el conflicto va más allá del robo de tierra. Lo que se vive en Kinchil, advierten expertos y defensores del medio ambiente, es un ecocidio en marcha: destrucción de hábitats naturales, alteración de humedales y fragmentación de ecosistemas esenciales para especies protegidas como el jaguar.
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“Están devastando una zona con las mismas características biológicas que la Reserva de Celestún. Hay cenotes, aguadas, vegetación endémica y fauna silvestre que está siendo desplazada o eliminada”, denuncia May. “Y, mientras, las inmobiliarias ya venden lotes por internet como si nada.”
De tierras comunes a zonas privadas
Lo que en los mapas ejidales aparece como tierra comunal, hoy luce dividido en parcelas, con maquinaria pesada abriendo brechas en plena selva. Empresas como Grupo Libera ya promocionan estos desarrollos como oportunidades de inversión en “zonas naturales exclusivas”, sin que exista claridad sobre la legalidad de sus escrituras ni sobre el cumplimiento de las normativas ambientales.
Federico May acusa que la estrategia de estas empresas ha sido la misma que se ha visto en otros municipios de Yucatán: adquirir terrenos con documentación opaca, presionar a los campesinos para desalojar y comenzar la urbanización sin un estudio de impacto ambiental avalado por las autoridades.
“Los verdaderos dueños no son escuchados. Cuando reclamamos nos enfrentamos a amenazas o a supuestos documentos que nadie en la comunidad había visto antes”, asegura.
Territorio sin protección y autoridades ausentes
A pesar de los reiterados llamados de la comunidad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno del estado reconoce que no tiene facultades para sancionar directamente estos actos, aunque sí puede documentar los daños y emitir dictámenes. Pero hasta ahora, ni la titular de la SDS, Neyra Silva Rosado, ha dado declaraciones públicas al respecto.
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La dependencia confirmó que la selva de Kinchil posee características que podrían justificar su inclusión como Área Natural Protegida, pero hasta el momento no se han iniciado los procesos formales para protegerla. Tampoco se han anunciado medidas para detener la urbanización ilegal, que continúa día a día con nuevos anuncios de lotes residenciales.
“Es inadmisible que una zona que comparte flora, fauna y funciones ecológicas con Celestún quede al margen de la protección oficial solo porque no está en los papeles. ¿Qué esperan? ¿Que desaparezca por completo?” reclama el activista.
La lucha en Kinchil no es solo por la tierra, sino por la identidad, la historia y el futuro. En esa selva, aseguran los pobladores, aún se escuchan los pasos del jaguar, aún se conservan árboles centenarios y aún sobreviven vestigios arqueológicos que ningún bulldozer ha borrado... todavía.
Mientras los habitantes piden protección y justicia, las empresas inmobiliarias siguen transformando la selva en fraccionamientos, el monte en anuncios de “naturaleza privada” y el patrimonio natural en una simple oportunidad de negocio.
