De cada 100 empleos que Yucatán sumó en veinte años, 59 nacieron sin seguro social. Entre el primer trimestre del 2006 y el del 2026, la población ocupada del estado pasó de 777 mil a cerca de 1.2 millones de personas, 466 mil más; quienes trabajan sin ese derecho pasaron de 506 mil a 782 mil, es decir, 276 mil más.
La proporción apenas se movió: de 65 a 63 por ciento. Dos puntos en dos décadas, un décimo de punto por año. Las cifras son del Panorama Laboral de los Estados, elaborado por el Observatorio del Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, y se presentaron el 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente.
Más trabajo, mismos huecos
El patrón se repite con la informalidad. En el 2006 era informal 61 por ciento de los ocupados; hoy, 59 por ciento. La tasa bajó dos puntos, pero la cantidad de personas en esa condición creció en 266 mil. La cifra coincide con la del Inegi: la Tasa de Informalidad Laboral fue de 59.3 por ciento en el primer trimestre del 2026, según el indicador 332/26 del instituto, publicado por POR ESTO! el 27 de mayo.
Las dos mediciones no son lo mismo. La informalidad se refiere al vínculo laboral que reconoce el empleo; el seguro social, al derecho que de ahí debería derivar. El comunicado no detalla cómo define el Observatorio cada categoría.
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El dato incomoda porque Yucatán presume lo contrario. En el mismo trimestre registró una desocupación de 1.5 por ciento, entre las más bajas del país, y una participación económica de 64.3 por ciento. Casi todos los que buscan trabajo lo encuentran; lo que no encuentran es protección. Es una economía cercana al pleno empleo y lejana del pleno derecho.
Frente al país, más rezago
A escala nacional, el porcentaje de ocupados sin seguro social bajó de 64 a 60 por ciento (de 26.8 a 35.9 millones de personas), y el de informales, de 59 a 55 por ciento (de 24.6 a 32.6 millones). Yucatán queda tres puntos por arriba en la primera medición y cuatro en la segunda. Además, el país redujo su proporción sin seguro social cuatro puntos; Yucatán, la mitad.
El balance no es uniformemente adverso. En exclusión laboral Yucatán está mejor que el promedio: 23 por ciento de la PPP, contra 28 por ciento nacional, y 15 por ciento por labores de cuidado, contra 18. Hay menos personas fuera del mercado, pero las que entran lo hacen, en su mayoría, sin red de protección. La entidad emplea más y protege menos.
El contexto peninsular ayuda poco, porque las mediciones no coinciden. Por Esto! publicó en abril que 44.7 por ciento de los trabajadores de Quintana Roo labora sin prestaciones, pero esa cifra usa otro criterio y no es comparable con el 63 por ciento yucateco.
Las que cuidan
El reporte mide también la exclusión laboral: personas con condiciones de trabajar que no lo hacen. Para el Observatorio, son parte de la Población Potencialmente Productiva (PPP). En EL 2006 eran 305 mil, 28 por ciento de la PPP; hoy son 371 mil, 23 por ciento. El porcentaje bajó cinco puntos, pero hay más de 60 mil personas adicionales.
La causa principal es el trabajo de cuidado sin remuneración en el hogar: 233 mil personas en 2006 (22 por ciento de la PPP) y 245 mil ahora (15 por ciento), 12 mil más. De ellas, 95 por ciento son mujeres: unas 233 mil, según un cálculo de este diario sobre la cifra oficial.
Hay un matiz que el comunicado no destaca. En EL 2006 el cuidado explicaba 76 por ciento de la exclusión; hoy explica 66 por ciento. Las demás causas pasaron de 72 mil a 126 mil personas: 54 mil más, que explican más de cuatro de cada cinco de las 66 mil que se sumaron a la exclusión.
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El cálculo es de este diario, resultado de restar las cifras del Observatorio, que no desglosa esas otras causas. Sugiere que el problema ya no se reduce a quién cuida la casa, pero no dice qué lo sustituye: desánimo, falta de oferta, estudios o salud son hipótesis que el reporte no permite probar.
El ritmo de un siglo
Un ejercicio aritmético, no una proyección, muestra la escala. Si la proporción sin seguro social siguiera bajando a un décimo de punto por año, tardaría unos 630 años en llegar a cero. Con la velocidad nacional, un punto por lustro, serían unos 300. Ninguna política laboral se mide así, pero el cálculo revela cuánto pesa la inercia de un modelo que crea ocupación sin crear derechos.
Hay límites que se debe conocer. El comunicado compara dos primeros trimestres separados por veinte años y no explica cómo trata los cambios metodológicos de la encuesta en ese lapso. Tampoco incluye el desglose de Yucatán por sexo, edad o sector de actividad. El reporte completo y las fichas estatales, publicados en PDF, no pudieron consultarse al cierre de esta edición, de modo que las cifras aquí citadas son las del comunicado.
El discurso oficial cuenta otra parte de la historia. El 28 de mayo, la Secretaría de Economía y Trabajo del estado destacó que el ingreso total de los asalariados creció 9.02 por ciento en EL 2025, el más alto del país, y que hay 435,170 empleos formales registrados en el IMSS al cierre de abril. Ambos datos son verificables y no contradicen al Observatorio: miden otra cosa. Un empleo formal en el IMSS no es lo mismo que el derecho de la mayoría de quienes trabajan, y el salario promedio no dice quién queda sin cobertura cuando enferma.
La pregunta que deja es sencilla: si una economía que crea casi medio millón de empleos en veinte años deja a 63 por ciento sin seguro social, el problema no es la cantidad de trabajo. Es el tipo de trabajo que Yucatán se genera.
