El colectivo Salvemos las Dunas presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para exigir investigaciones y sanciones por las afectaciones del complejo turístico Las Dunas, en Chuburná Puerto, un desarrollo donde la propia dependencia documentó la remoción de 1.3 hectáreas de vegetación y ordenó la clausura temporal total de las obras.
La acción fue preparada en coordinación con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), informó la agrupación. Sus integrantes reclaman que la intervención federal derive en responsabilidades por los daños al ecosistema costero y no se limite a detener los trabajos.
La denuncia se incorpora a un conflicto que también llegó a los tribunales. El 1 de octubre se informó de una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán dentro del amparo 1771/2026-I-D, promovido por habitantes de la comunidad con acompañamiento de Kanan Derechos Humanos.
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Según la información difundida por las organizaciones, esa medida alcanza las licencias municipales de construcción, uso de suelo y urbanización otorgadas a Auralux Representaciones, empresa responsable del proyecto. La suspensión fue concedida para mantener paralizadas las actividades vinculadas con esas autorizaciones mientras continúa el juicio.
Hallazgos de la inspección
En su comunicado del 2 de agosto, la Profepa informó que las inspecciones realizadas entre el 28 y el 30 de julio detectaron incumplimientos de las autorizaciones ambientales y forestales, así como irregularidades en el manejo de residuos del desmonte.
La superficie sin vegetación equivalía a 13 mil metros cuadrados, el 30.8% del área autorizada para cambio de uso de suelo. Entre los hallazgos figuraron ejemplares de algodón, sujeto a protección especial, y biznaga cabeza de gato, en peligro de extinción.
La dependencia señaló que ambas plantas fueron omitidas de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y del programa de rescate de flora. También encontró bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas fuera de su sitio y en proceso de marchitamiento, sin haber sido reubicadas.
Permisos cuestionados
El desarrollo contempla 14 torres con 138 departamentos sobre un predio de aproximadamente 92 mil metros cuadrados, dividido por la carretera Yucalpetén-Chuburná, de acuerdo con la descripción del proyecto publicada por El País a partir de su documentación ambiental. Esa extensión corresponde al conjunto del terreno, no a la superficie desmontada constatada por los inspectores.
La historia de sus autorizaciones incluye una negativa inicial. Según el expediente presentado por el Gobierno de Yucatán el 5 de agosto, la Semarnat rechazó una primera MIA en diciembre del 2023 y emitió una autorización condicionada en abril del 2025.
La administración estatal también precisó que sus dictámenes obligan a conservar 58 mil 740 metros cuadrados: 55 mil 305 de humedal costero y tres mil 435 de Zona Federal Marítimo Terrestre, además de respetar los manglares protegidos.
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En esa presentación, la Secretaría de Desarrollo Sustentable aclaró que la Factibilidad Urbana Ambiental es un dictamen técnico y no constituye, por sí misma, una licencia de construcción ni una autorización para ejecutar las obras.
Reclamo de seguimiento
“Exigimos a la Profepa que actúe con celeridad, investigue a fondo las irregularidades en el territorio e imponga las sanciones correspondientes”, expresó Salvemos las Dunas en su nuevo posicionamiento.
El colectivo sostiene que las omisiones institucionales dejan expuestas a las comunidades y anunció que mantendrá la vigilancia ciudadana. Su exigencia se concentra ahora en que las investigaciones esclarezcan responsabilidades y garanticen la protección efectiva de la costa.
