La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera total y temporal un predio de Chabihau donde detectó desmonte, tala y remoción de vegetación en más de 669 metros cuadrados de duna costera, sin que durante la inspección se acreditara autorización ambiental de la Semarnat.
La revisión se realizó el 9 de septiembre luego de que se difundieran públicamente imágenes de maquinaria pesada trabajando en la zona.
Durante la diligencia, los inspectores identificaron especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre ellas algodón silvestre, sujeto a protección especial, y mangle botoncillo, catalogado como amenazado.
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También fue observada una iguana rayada, especie considerada amenazada. Ante la falta de autorización en materia de impacto ambiental, la Profepa colocó sellos y ordenó detener de inmediato cualquier actividad en el terreno.
Sin responsables durante la inspección
Ninguna persona responsable del predio se presentó durante la visita, por lo que las notificaciones del procedimiento administrativo deberán realizarse mediante los mecanismos legales correspondientes.
La dependencia deberá determinar ahora quién promovió o ejecutó los trabajos, qué responsabilidades administrativas existen y qué medidas de reparación o compensación ambiental proceden.
La clausura no constituye todavía una resolución definitiva ni establece por sí sola una responsabilidad penal.
Otro caso en una costa bajo presión
La intervención en Chabihau no es un episodio aislado. En agosto pasado, la Profepa clausuró temporalmente el proyecto turístico Las Dunas, en Chuburná Puerto, después de documentar desmonte y movimiento de arena en 1.3 hectáreas. En aproximadamente 6 mil 500 m² de la superficie ya intervenida se localizaron especies protegidas que no habían sido reportadas adecuadamente en la documentación ambiental del proyecto.
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Los inspectores encontraron algodón silvestre, biznaga cabeza de gato, iguana rayada, matraca yucateca y colibrí tijereta, además de otras plantas fuera de su sistema y en proceso de deterioro. La dependencia señaló entonces que algunos daños podían constituir infracciones forestales e incluso trascender al ámbito penal.
Meses antes, en Chelem, la autoridad federal desplegó operativos por ocupación de terrenos, relleno de humedales y obras en zonas de manglar y ciénega sin autorización. La intervención incluyó reposición de sellos, aseguramiento de maquinaria y una nueva clausura en un terreno deforestado.
Celestún y Sisal, otros antecedentes
La costa occidental también ha concentrado procedimientos recientes. En octubre del 2025, la Profepa clausuró tres predios dentro de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún por cambios ilegales de uso de suelo, remoción de manglar y relleno de humedales. La superficie afectada fue de aproximadamente 3.55 hectáreas.
Un mes después, la dependencia cerró otros dos predios en la misma reserva, donde se habían eliminado duna y matorral costero para abrir un camino en superficies de 550 y 200 m².
En Sisal, un proceso penal por remoción ilegal de vegetación costera derivó este año en una obligación de reparación: tres personas deberán reforestar un polígono de 4.3 hectáreas con 4 mil 800 plantas como parte de una salida alterna al proceso.
Erosión, manglares y humedales
Los casos tienen características distintas, pero comparten un mismo tipo de presión sobre ecosistemas costeros sensibles: desmonte, relleno, apertura de caminos, movimiento de arena y construcción sin cumplir o acreditar todas las autorizaciones requeridas.
En Chabihau, la autoridad también señaló posibles contravenciones a la NOM-022-SEMARNAT-2003, relacionada con la protección de humedales costeros.
Las dunas cumplen una función física además de ecológica: ayudan a contener erosión, viento y efectos de fenómenos meteorológicos, mientras la vegetación fija arena y mantiene hábitats para fauna costera. Por ello, su remoción puede tener consecuencias que rebasan el predio intervenido.
