Sólo 26 granjas porcícolas de Yucatán habían iniciado un proceso de regularización ambiental hasta julio de este año, pese a que distintas estimaciones ubican en varios cientos el número de instalaciones que operan en el estado, denunció la Red Somos Agua.
Lourdes Medina Carrillo, abogada de la agrupación, sostuvo que el rezago persiste a pesar de que desde diciembre del 2022 existe una norma técnica estatal para encauzar la regularización de estas unidades productivas.
De acuerdo con una respuesta obtenida por la organización mediante una solicitud de información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), únicamente 26 instalaciones habían iniciado ese procedimiento a mediados del 2026.
La cifra contrasta con el tamaño estimado de la actividad. Un diagnóstico elaborado por Semarnat en el 2023 identificó poco más de 500 granjas porcícolas en Yucatán, mientras otro análisis de Mercy For Animals, publicado en 2025, estimó más de 800. Las diferencias evidencian que todavía no existe un padrón definitivo y homogéneo sobre cuántas operan realmente.
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Medina Carrillo recordó además que el diagnóstico federal del 2023 señaló que más del 90% de las instalaciones carecía entonces de autorización en materia de impacto ambiental.
Regularizar o clausurar
La Red considera que, frente a ese escenario, la respuesta oficial ha avanzado con demasiada lentitud. El cuestionamiento central de la organización está en el modelo elegido por las autoridades.
Somos Agua sostiene que se ha privilegiado la regularización de instalaciones existentes antes que su clausura inmediata cuando carecen de autorizaciones.
La agrupación argumenta que permitir que continúen operando mientras tramitan permisos puede prolongar riesgos ambientales, especialmente en una región con suelo kárstico y alta vulnerabilidad del acuífero.
La postura contrasta con la presentada esta semana por autoridades estatales y federales.
El Gobierno de Yucatán anunció que no autorizará nuevas granjas y que concentrará esfuerzos en regularizar las existentes, mientras la Profepa informó que ha realizado 18 inspecciones durante la actual administración y que las multas acumuladas al sector ascienden a 105.8 millones de pesos.
También se reportó una clausura total definitiva y procesos de adecuación en instalaciones vinculadas con Kekén y sus aparceras.
La Red sostiene, sin embargo, que esas acciones siguen siendo insuficientes frente al universo de granjas que operan en la entidad.
El convenio bajo impugnación
Otro punto de disputa es el convenio específico firmado en febrero del 2026 entre Semarnat, Profepa y el Gobierno de Yucatán.
El documento establece mecanismos de coordinación para fortalecer la evaluación de impacto ambiental de las unidades porcícolas y tiene vigencia hasta septiembre del 2030.
La versión oficial señala expresamente que el esquema busca mejorar la cooperación entre autoridades federales y estatales respetando la distribución de competencias.
También permite que la SDS solicite a la Semarnat dictámenes técnicos sobre impactos de competencia federal, los cuales tendrán carácter vinculante dentro de determinados procedimientos.
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Somos Agua interpreta el convenio de manera distinta. Medina Carrillo considera que en los hechos transfiere facultades federales al Gobierno estatal y cuestiona que decisiones sobre instalaciones con posibles impactos en comunidades indígenas puedan tomarse sin procesos de consulta.
Por esa razón, la organización promovió un juicio de amparo contra el acuerdo.
La afirmación de que el convenio es inconstitucional corresponde a la postura de la Red y no ha sido resuelta de manera definitiva por un tribunal.
Un problema de padrón y control
La controversia vuelve a poner sobre la mesa un problema previo: Yucatán sigue sin contar públicamente con una cifra única y definitiva de granjas porcícolas.
El diagnóstico federal del 2023 identificó más de 500 instalaciones y señaló que más de 350 se encontraban dentro del área del Anillo de Cenotes. Otros análisis posteriores han elevado considerablemente esa estimación
Esa diferencia dificulta medir con precisión cuánto ha avanzado la regularización.
Si se toma como referencia el diagnóstico de la Semarnat, las 26 granjas que habían iniciado trámites representarían apenas alrededor de 5% del universo identificado entonces.
Si el número real de instalaciones fuera mayor, la proporción sería todavía más baja.
La Red Somos Agua sostiene que ese rezago obliga a reforzar las inspecciones y transparentar qué unidades cuentan con autorización, cuáles están en proceso y cuáles operan fuera de norma.
El debate, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de si existen impactos ambientales.
La discusión está ahora en qué hacer con cientos de instalaciones que ya operan, bajo qué autoridad deben regularizarse y qué participación tendrán las comunidades que denuncian afectaciones.
