Representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvieron un encuentro con campesinos, ejidatarios y defensores del territorio en Yucatán para conocer de primera mano los conflictos agrarios, ambientales y territoriales que enfrentan diversas comunidades y que actualmente han llegado a instancias federales.
La reunión permitió a integrantes de ejidos y colectivos ciudadanos exponer casos relacionados con el avance de desarrollos inmobiliarios, la protección de cenotes y ecosistemas, así como las dificultades que enfrentan para acceder a la justicia y dar seguimiento a procesos legales.
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Durante el diálogo, José Alberto Gallegos Ramírez, integrante del Órgano de Administración Judicial de la SCJN, destacó la importancia de construir una justicia intercultural que incorpore la participación activa de los pueblos indígenas y reconozca sus conocimientos, formas de organización y tradiciones como parte fundamental del sistema jurídico nacional.
“Una justicia que no escucha, que no camina con las comunidades y que no entiende sus realidades, difícilmente puede considerarse una justicia completa”, expresó el funcionario al subrayar la necesidad de fortalecer la comunicación entre las instituciones judiciales y los pueblos originarios.
Gallegos Ramírez señaló que la justicia comunitaria no debe concebirse como un sistema ajeno al marco legal mexicano, sino como un elemento que contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y a una mejor protección de los derechos humanos, especialmente en regiones con una importante presencia indígena.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Maribel Ek, defensora ambiental y reconocida por su protección de los cenotes de Homún, quien expuso los desafíos que enfrentan las comunidades al recurrir a mecanismos legales para proteger sus recursos naturales.
La activista afirmó que muchas personas desconocen los procedimientos jurídicos para defender sus derechos y, en numerosos casos, carecen del acompañamiento requerido para sostener procesos largos y complejos.
Asimismo, advirtió que el crecimiento urbano y los proyectos inmobiliarios deben desarrollarse bajo criterios de sustentabilidad que garanticen la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.
En el encuentro también participaron Víctor Leonel Juan Martínez, director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la SCJN; Benjamín Rubio Chávez, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública; Rodrigo Llanes Salazar, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, además de representantes de organizaciones campesinas y comunitarias del estado.
