Yucatán registró 588 personas adolescentes imputadas por la presunta comisión de algún delito, una disminución frente a los 671 casos contabilizados en el 2023, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol) 2026 del Inegi. El dato contrasta con la tendencia nacional, donde las imputaciones contra menores de edad crecieron 7.1% en el mismo periodo.
La baja en el número absoluto de casos se reflejó también en la tasa estatal: de 276 a 241 adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes de entre 12 y 17 años, una cifra que se ubicó por debajo de la media nacional de 259. Pese a esta mejora relativa, 14 entidades del país superaron el indicador nacional, lo que coloca a Yucatán entre los estados con menor incidencia proporcional, aunque sin librarse del fenómeno.
Del total de adolescentes imputados en la entidad, 490 fueron hombres y 96 mujeres, mientras que en dos casos no fue posible identificar el sexo de la persona. La proporción –alrededor de ocho de cada diez imputados del lado masculino‒ coincide con el patrón observado a nivel nacional.
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Radiografía del delito
El desglose por tipo de delito ofrece uno de los datos más preocupantes del informe: si se suman las conductas relacionadas con la libertad y la seguridad sexual –otros delitos de esa naturaleza, con 105 casos; abuso sexual, con 91, y violación, con 59‒ el total asciende a 255 carpetas, más del doble de los 101 registros de lesiones, que en el ámbito nacional se consolidaron como el delito más frecuente entre adolescentes. Le siguieron daño en propiedad ajena, con 67 casos; amenazas, con 62; robo, con 38; narcomenudeo, con 22, y violencia familiar, con 13.
La fotografía estatal se aleja así de la nacional, donde el robo y el narcomenudeo concentran una proporción mayor de las carpetas de investigación abiertas contra menores de edad. En Yucatán, la suma de delitos contra la libertad y la seguridad sexual representó la categoría con mayor peso entre los 588 casos registrados en el 2024.
A pesar del volumen de imputaciones, sólo 25 adolescentes ingresaron a un Centro de Internamiento en Yucatán durante el año, lo que equivale a poco más del 4% del total de casos. La cifra responde al principio establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que define la privación de la libertad como una medida excepcional y de último recurso, aplicable solo en casos específicos y nunca a menores de 14 años.
Tendencia ascendente
El panorama nacional documentado por el Inegi confirma que el fenómeno mantiene tendencia ascendente en el país, incluso cuando algunos estados, como Yucatán, registran descensos. Durante el 2024 se contabilizaron 35 mil 193 personas adolescentes imputadas a nivel nacional, un incremento de 7.1% respecto al 2023 y de 55.4% en comparación con el 2021, año con el nivel más bajo de la serie estadística. En el país, alrededor de ocho de cada diez adolescentes imputados fueron hombres, una proporción que se ha mantenido prácticamente constante desde el 2017.
Entre las entidades con las tasas más altas de imputación por cada 100 mil adolescentes se ubicaron Aguascalientes, con 841; Nuevo León, con 665; Sonora, con 631, y Ciudad de México, con 612, muy por encima tanto del promedio nacional como del registrado en Yucatán. A nivel país, el delito de lesiones se consolidó como el más frecuente entre adolescentes por tercer año consecutivo, desplazando al robo, que había encabezado la lista entre el 2017 y el 2021.
Privación de la libertad
El informe también documenta que la privación de la libertad continúa utilizándose de manera acotada en el país: en el 2024 ingresaron mil 562 adolescentes a centros de internamiento estatales, una cifra que se redujo 3% respecto al 2021, aunque tuvo un repunte de 3.6% frente al 2023. Seis entidades –Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León‒ concentraron más de la mitad de esos ingresos, mientras que en Yucatán el uso del internamiento se mantuvo marginal frente al total de adolescentes imputados.
La trayectoria de Yucatán en este indicador no ha sido lineal. En la edición anterior del estudio, correspondiente al 2023, el estado había encabezado la lista de la Península en número absoluto de adolescentes imputados, con 671 casos frente a 628 de Quintana Roo y 310 de Campeche, concentrando poco más de la mitad de los casos peninsulares.
La reducción registrada en el 2024 modera ese liderazgo regional, aunque las autoridades estatales no han ofrecido todavía una explicación pública sobre los factores que explican la baja, que podría obedecer tanto a cambios reales en la incidencia delictiva como a variaciones en los criterios de registro de las fiscalías.
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Llamado de atención a las autoridades
Para especialistas en justicia juvenil, la combinación de una tasa de imputación a la baja con un perfil delictivo dominado por conductas de índole sexual plantea un reto distinto al de otras entidades del país, donde el robo y el narcomenudeo concentran la atención de las políticas de prevención. En Yucatán, el reto apunta más hacia la prevención de la violencia sexual entre la población adolescente, tanto en el papel de víctimas como en el de presuntos responsables, un fenómeno que exige estrategias específicas de educación, acompañamiento familiar y atención psicosocial, más allá del componente estrictamente punitivo del sistema de justicia.
Las cifras del Epacol 2026 se suman a una serie estadística que el Inegi consolida cada año a partir de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia y de Sistemas Penitenciarios Estatales. A una década de la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los datos de Yucatán muestran avances parciales –menos casos, tasa por debajo de la media nacional, uso acotado del internamiento‒ que conviven con un patrón delictivo que exige atención prioritaria por parte de las autoridades estatales.
