El Poder Judicial de la Federación asestó un nuevo revés al litigio por los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, al declarar inconstitucional la resolución que ordenó entregar los inmuebles a Fernando Barbachano Herrero, al concluir que la jueza de Quintana Roo que emitió esa determinación carecía de competencia legal para conocer el caso.
La sentencia, dictada este 29 de junio por el Juzgado Cuarto de Distrito en Yucatán dentro del juicio de amparo indirecto 1123/2025, dejó sin efectos la audiencia celebrada el 29 de abril de 2025, en la que una jueza de Control de Cancún ordenó levantar el aseguramiento de los hoteles y devolver su posesión a Barbachano Herrero.
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Reglas vulneradas
El juzgado federal sostuvo que esa resolución vulneró las reglas de competencia fijadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual resolvió desde octubre de 2023 que toda actuación relacionada con la carpeta de investigación por presunto fraude y la carpeta administrativa 687/2022 corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales de Yucatán.
Con ello, la justicia federal concluyó que la autoridad judicial de Quintana Roo no podía resolver el levantamiento del aseguramiento de los inmuebles, por lo que concedió el amparo solicitado y anuló la audiencia mediante la cual se restituyó la posesión de los hoteles a Barbachano Herrero.
La disputa aún no concluye
Tras conocerse la resolución, la Inmobiliaria R4, empresa que mantiene el litigio por los inmuebles, afirmó que el fallo confirma sus argumentos: que la entrega de los hoteles fue ordenada por una autoridad sin facultades legales.
La compañía informó que, como consecuencia de una suspensión definitiva obtenida en otro procedimiento, Fernando Barbachano Herrero dejó de estar en posesión de los inmuebles desde marzo de 2026, por lo que promovió la devolución de los hoteles, sosteniendo que era la legítima poseedora antes del conflicto.
Asimismo, señaló que continúa vigente una orden de aprehensión contra Barbachano Herrero como presunto responsable del delito de despojo agravado, aunque esa afirmación corresponde a la postura jurídica de la empresa y forma parte de un proceso abierto.
Conflicto de varios años
La disputa por los centros de hospedaje junto a la zona arqueológica de Chichén Itzá se originó a partir de una denuncia por presunto fraude relacionada con la operación y propiedad de los inmuebles.
En febrero de 2022 las instalaciones fueron aseguradas por la autoridad ministerial y desde entonces el caso ha transitado por recursos, conflictos de competencia y juicios de amparo.
La nueva sentencia no resuelve de fondo la controversia sobre la propiedad o posesión definitiva de los hoteles, pero sí establece que cualquier resolución deberá ser emitida por las autoridades judiciales competentes de Yucatán, dejando sin validez las actuaciones de Quintana Roo.
