El pueblo maya de Kanxoc decidió marcar sus límites. En Asamblea General, ejidatarias, ejidatarios y pobladores acordaron una declaratoria para proteger sus bienes naturales, frenar la venta irregular y evitar la privatización o fragmentación de las tierras que consideran parte de su patrimonio colectivo.
La determinación ocurre durante el proceso de consulta sobre la legislación en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, pero también ante lo que la propia comunidad identifica como una creciente presión sobre su entorno: tala ilegal, caza furtiva, comercialización irregular de tierras y cenotes, así como proyectos que, advierten, pueden alterar su forma de vida.
Para Kanxoc, el territorio va mucho más allá de una extensión de tierra. Es un espacio vivo donde conviven montes, cenotes, aguadas, múules, vestigios prehispánicos y antiguos sakbejo’ob –caminos de piedra–, además de las zonas destinadas a la milpa, la apicultura y otras prácticas culturales.
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Dentro de este patrimonio, los polígonos Xla-kaaj y San Joaquín ocupan un sitio relevante por su valor económico, cultural y ambiental.
“Aquí decide la Asamblea”
Con fundamento en el artículo 2 de la Constitución medxicana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Asamblea General aprobó la Declaratoria para la protección de su territorio, sus bienes naturales y la vida comunitaria.
Entre los acuerdos destaca que el territorio y el ejido de Kanxoc son considerados un bien colectivo e histórico, por lo que no deberán venderse, privatizarse, dividirse ni explotarse en contra de los intereses de la población.
Las tierras ejidales y áreas de uso común deberán preservarse para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, Xla-kaaj y San Joaquín fueron ratificados como parte del territorio ancestral y destinados a la conservación ambiental.
En Xla-kaaj, los acuerdos dan prioridad al cuidado del monte, los cenotes y la actividad apícola.
Uno de los puntos centrales establece que ningún megaproyecto, obra pública o privada, actividad extractiva o aprovechamiento de recursos podrá ejecutarse sin ser previamente presentado, discutido y aprobado por la Asamblea Comunitaria.
Kanxoc notificará estas determinaciones a los gobiernos municipal, estatal y federal y exigirá que las decisiones asentadas en sus actas sean respetadas.
Para los habitantes, se trata de ejercer de manera directa su derecho a la libre determinación y no simplemente de solicitar autorización a las autoridades para decidir sobre sus bienes.
Exigen certeza jurídica
Paralelamente a la declaratoria, el pueblo maya mantiene una demanda histórica ante el Gobierno Federal: obtener el reconocimiento y la titulación de más de 570 hectáreas que considera parte de su territorio ancestral.
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El 24 de octubre de 1935 comenzó un primer proceso para obtener el reconocimiento de sus tierras. Siete años después, una Resolución Presidencial reconoció 7 mil 296 hectáreas.
Sin embargo, según la comunidad, aquel documento dejó fuera superficies correspondientes a San Joaquín y Xla-Kaaj, lugares que sus habitantes aseguran haber ocupado de manera continua desde tiempos ancestrales.
Por ello, la Asamblea General dirigió un escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, para solicitar un Decreto Presidencial que reconozca y titule esas superficies a favor del pueblo maya.
La petición fue acompañada por las firmas de ejidatarias, ejidatarios y pobladores originarios.
Para Kanxoc, resolver este pendiente no sólo significaría regularizar la tenencia de la tierra, sino también reconocer su capacidad para decidir sobre un espacio que sus habitantes aseguran haber ocupado, cuidado y defendido durante generaciones.
Frente contra el avance inmobiliario
La postura comunitaria surge en un escenario de presión sobre diversos territorios de Yucatán por el crecimiento de proyectos inmobiliarios, turísticos y de infraestructura.
Ante ello, Kanxoc dejó asentada una condición: cualquier iniciativa que pretenda desarrollarse dentro de su territorio deberá ser conocida y sometida a la decisión de la Asamblea General Comunitaria.
La población rechaza que las tierras de uso común, montes, cenotes y demás bienes naturales sean tratados como mercancía o queden sujetos a decisiones externas.
La comunidad exige así al Estado mexicano respetar sus acuerdos y atender la solicitud para reconocer y titular legalmente las más de 570 hectáreas que reclama como parte de su territorio ancestral.
