La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) participa en la evaluación de los daños ambientales derivados de presuntos desmontes ilegales en Yucatán, mientras que las investigaciones y procedimientos legales corresponden a las fiscalía General de la República (FGR) y General del Estado (FGE).
El delegado de la Semarnat, Guillermo Porras Quevedo, afirmó lo anterior y explicó que, una vez iniciadas las carpetas de investigación por las autoridades competentes, el sector ambiental interviene para determinar la magnitud de la afectación ocasionada a los ecosistemas y establecer las medidas necesarias para su remediación.
“La Fiscalía de la República y la Fiscalía del Estado son las que están dando atención a estos casos en cuanto a sus facultades. La Semarnat, como parte del sector ambiental, junto con la Profepa, da seguimiento a estas carpetas de investigación para evaluar el daño que se realizó y buscar la manera de remediarlo”, precisó el funcionario federal.
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Seguimiento técnico
Porras Quevedo indicó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la dependencia encargada del seguimiento técnico de los expedientes, por lo que también concentra la información sobre el número de procedimientos iniciados y el avance de cada caso.
Aunque dijo no contar con la cifra exacta de las investigaciones abiertas, aseguró que existen procedimientos en varios municipios del estado donde se han detectado afectaciones ambientales por desmontes ilegales.
“Sé que están trabajando y avanzando en muchos de los municipios donde se encuentran este tipo de situaciones, pero quien tiene esos datos muy particulares es la representación de la Profepa en el estado”, comentó.
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El delegado detalló que la participación de la Semarnat consiste en emitir las valoraciones técnicas necesarias para determinar el daño ambiental ocasionado y definir las acciones de restauración que correspondan, como parte del trabajo coordinado entre las instituciones del sector ambiental y las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Añadió que estas evaluaciones permiten establecer la magnitud de la afectación a los ecosistemas y a su vez sirven de base para implementar medidas de recuperación ambiental.
Porras Quevedo reiteró que la atención a este tipo de casos requiere la coordinación entre las instancias ambientales y ministeriales para garantizar que, además de sancionar las conductas que afecten los recursos naturales, se impulsen acciones para la recuperación de las áreas impactadas.
