El crecimiento acelerado de proyectos inmobiliarios en Yucatán está dejando tras de sí un grave impacto ambiental y social, particularmente en municipios como Kinchil, donde más de 5 mil hectáreas de selva virgen han sido ocupadas y fraccionadas por empresas que, según denuncias, actúan sin apego a la ley ni respeto a la propiedad comunal.
Guillermo Porras Quevedo, delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconoció en entrevista con POR ESTO! que muchos desarrolladores están operando fuera del marco legal. “Lo que pasa es que están actuando fuera de la ley. Se les ha invitado a acercarse, a conocer los criterios ambientales, pero siguen construyendo sin respetar los lineamientos”, afirmó.
El funcionario enfatizó que el papel de Semarnat no es obstaculizar el desarrollo ni perseguir a empresarios, sino regular la relación entre el ser humano y el entorno natural. “Cuando se clausura un proyecto, como el de Totem en Kinchil, no es por capricho. Es consecuencia directa de una actuación irregular, muchas veces con afectación directa a la selva maya”, explicó.
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Porras insistió en que se busca generar conciencia más que confrontación. Sin embargo, admitió que la falta de conciencia ambiental por parte de algunos empresarios es evidente. “La conciencia colectiva está siendo inoperante. No podemos seguir devastando nuestro medio ambiente como si fuera infinito”, advirtió.
El caso de Kinchil es paradigmático. En esta zona, que colinda directamente con la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, uno de los ecosistemas más importantes del Sureste mexicano, al menos 10 empresas han ingresado con maquinaria, fraccionado terrenos y desalojado a campesinos, según denuncias de los pobladores.
Federico May, activista y habitante del municipio, ha documentado desde hace años este proceso que califica como despojo. “Aparecen de la noche a la mañana con escrituras dudosas, nos exigen desalojar y comienzan a lotificar la selva que hemos protegido por generaciones. Ahí hay jaguares, árboles milenarios, vestigios arqueológicos. No es terreno baldío, es nuestro hogar”, denuncia.
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Aunque Semarnat reconoce el problema su margen de acción es limitado cuando se trata de conflictos por la tenencia de la tierra, que recaen en el ámbito judicial. Aun así, Porras Quevedo asegura que las comunidades afectadas contarán con el respaldo de la dependencia en los procesos necesarios para reparar los daños y frenar la devastación.
“Nos toca mediar, regular y procurar que el desarrollo sea sustentable y sostenible. Pero si no se respetan los criterios ambientales, si se destruyen ecosistemas o se omiten evaluaciones de impacto, habrá consecuencias”, concluyó.
Mientras tanto, en Kinchil, los pobladores insisten en que el daño no es solo ambiental: es también una amenaza directa a su identidad, su historia y su forma de vida. Y lo más preocupante, aseguran, es que los proyectos no se detienen.
