En el salón de sesiones del Congreso del Estado de Yucatán, 35 diputadas y diputados deliberan sobre el destino de la entidad. La Constitución local exige paridad. El Iepac la vigila. Los partidos la acatan, al menos sobre papel. Y aun así, cuando el Inegi publicó su más reciente Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025, los datos revelaron algo incómodo para la península: mientras el país avanza con paso firme hacia legislaturas de mayoría femenina, el Sureste mexicano camina a otro ritmo.
De las 35 diputaciones del Congreso de Yucatán, el 51.4% están ocupadas por hombres y el 48.6% por mujeres. En Quintana Roo la brecha es mayor: 52% hombres frente a 48% mujeres en un congreso de 25 integrantes. Campeche es la excepción relativa, con una ligera mayoría femenina del 51.4%, aunque apenas por encima del umbral. Los tres estados peninsulares contrastan con el panorama nacional, donde las mujeres ya representan el 54.3% del total de mil 122 legisladoras y legisladores en los congresos estatales, y donde 28 de los 32 congresos tienen al menos la mitad de sus escaños ocupados por mujeres.
El número que importa más
Quien siga con atención la política yucateca sabe que los datos crudos de composición legislativa cuentan sólo la mitad de la historia. La otra mitad está en quién controla la estructura interna de los congresos: los puestos administrativos desde donde se gestiona el presupuesto, se organiza el trabajo parlamentario y se distribuyen los recursos.
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A nivel nacional, los cargos directivos en unidades administrativas de los congresos estatales siguen concentrados en hombres: el 62.9%, frente a apenas el 36.5% de mujeres. En la práctica, eso significa que aunque más mujeres que hombres ocupan curules en el país, la mayoría de quienes dirigen las oficinas, las secretarías técnicas y los órganos de control interno son hombres.
En la península, esa tendencia se profundiza en el personal total adscrito a los congresos: en Yucatán, el 58.7% del personal es masculino; en Quintana Roo, el 55.7%; y en Campeche, el 54.7%. La fotografía es consistente: a mayor profundidad en la jerarquía institucional, mayor presencia de hombres.
Las claves para entender la brecha: Las reformas electorales que impulsaron la paridad en candidaturas lograron que más mujeres lleguen a los escaños. Pero la paridad formal en las curules no se traduce automáticamente en paridad en los espacios de poder real: las presidencias de comisiones clave, los cargos directivos y las posiciones desde las que se toman decisiones operativas y presupuestales.
Avances reales, rezagos estructurales
Sería injusto no reconocer los avances. El Congreso de Yucatán amplió de 25 a 35 su número de diputaciones a partir del 2024, y la legislatura en funciones tuvo a la diputada Estefanía Baeza presidiendo la Mesa Directiva por segundo periodo consecutivo. En el Poder Judicial, la magistrada presidenta Érika Beatriz Torres López encabeza la institución. En el gabinete del gobernador Joaquín Díaz Mena, más de 30 funcionarias ocupan cargos en dependencias y organismos.
El municipio de Mérida refleja también esa tendencia: Cecilia Patrón encabeza la alcaldía de la capital, y el Ayuntamiento meridano registra un 48% de mujeres en cargos de relevancia. En las elecciones del 2024, 24 mujeres ganaron presidencias municipales en el estado, de un total de 106 municipios.
Sin embargo, el dato estructural persiste: sólo 24 de 106 municipios yucatecos tienen alcaldesa, lo que representa apenas el 22.6%. El poder ejecutivo a nivel municipal sigue siendo predominantemente masculino, una realidad que contrasta con estados como Baja California Sur o Quintana Roo, que en mediciones previas registraron porcentajes de alcaldesas muy superiores al promedio nacional.
El contexto nacional que la entidad no alcanza
México es hoy uno de los referentes en América Latina en representación política femenina. La reforma constitucional del 2019, conocida como “Paridad en Todo”, obligó a los tres poderes y a todos los niveles de gobierno a garantizar equidad en la distribución de cargos. En el proceso electoral del 2024, la Cámara de Diputados federal quedó integrada con exactamente 250 mujeres y 250 hombres, y el Senado con 64 senadoras y 64 senadores.
En los congresos locales, la representación femenina pasó de 49.8% a 53.5% entre el 2018 y el 2024, un incremento de 3.7 puntos porcentuales. Sólo seis congresos estatales en el país no alcanzan el umbral de paridad: Tlaxcala, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Durango y San Luis Potosí. La Península de Yucatán –salvo Campeche con su mínima mayoría femenina– figura en ese grupo de rezagados en términos de composición legislativa.
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El avance de las últimas dos décadas es innegable: cuando en el 2002 se hizo un primer recuento nacional de presidentas municipales, Yucatán tenía 11 alcaldesas, uno de los números más altos del país en ese momento. Hoy la cifra es de 24, un crecimiento absoluto que sin embargo luce modesto frente a la magnitud de los 106 municipios de la entidad.
La paridad como piso, no como techo
Alejandra Pacheco Puente, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán, lo planteó con precisión antes de las elecciones del 2024: “La paridad de género es un piso mínimo y no un techo”. La frase resume con exactitud el reto que revelan los datos del Censo del Inegi.
Cumplir con el 50% en la boleta es apenas el primer paso. El verdadero indicador de igualdad política está en las presidencias de las comisiones legislativas más poderosas, en los cargos de secretaría técnica que controlan la agenda parlamentaria, en las titularidades administrativas que manejan los presupuestos, y en los nombramientos que –lejos del escrutinio electoral– se deciden en negociaciones internas.
El Censo del Inegi pone en evidencia que en esa dimensión –la del poder real dentro de las instituciones– la Península de Yucatán acumula un doble rezago: menos mujeres en los escaños que el promedio nacional, y menos mujeres aún en los puestos de conducción administrativa. No es un problema exclusivo del Sureste, pero aquí se expresa con mayor nitidez que en el resto del país.
El reto ya no es únicamente abrir espacios en las boletas electorales, sino también garantizar que el poder político –en todas sus capas, visibles e invisibles– también se distribuya con equidad. En eso, la península tiene todavía camino por recorrer.
