El conflicto entre autoridades y artesanos en Chichén Itzá sigue sin resolverse. Aunque el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sostuvieron ayer una nueva mesa de diálogo, no se alcanzaron acuerdos y el grupo de vendedores se retiró de la reunión tras rechazar las propuestas que les fueron presentadas.
El encuentro se realizó luego de que los propios artesanos solicitaran aplazar la sesión programada originalmente para el viernes. Durante la mesa, ambas autoridades reiteraron su disposición de mantener abierto el diálogo y construir soluciones consensuadas dentro del marco legal y de las disposiciones federales y estatales vigentes.
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Pese a ello, las negociaciones no avanzaron. El Gobierno estatal y el INAH insistieron en que mantienen la voluntad de reabrir la Zona Arqueológica de Chichén Itzá y continuar las conversaciones con artesanas, artesanos y comerciantes que laboran en las inmediaciones del sitio.
Las autoridades señalan que buscan garantizar la atención a turistas y visitantes, y preservar la seguridad de trabajadores, personal del recinto y de quienes acuden al lugar, además de mantener la armonía en la comunidad de la zona.
También recordaron que Chichén Itzá es propiedad del Estado mexicano y que su resguardo, conservación y administración corresponden legalmente al INAH.
Origen del problema
El conflicto en Chichén Itzá estalló entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de mayo, cuando habitantes de Pisté, artesanos y comerciantes denunciaron la colocación de rejas y el cierre de accesos al parador turístico y al Centro de Atención a Visitantes (Catvi), impulsado para reorganizar el acceso de turistas, estacionamientos, transporte y áreas de comercio alrededor de la zona arqueológica.
Artesanos, comerciantes y guías de Pisté y comunidades cercanas aseguran que los cambios afectan directamente su fuente de ingresos y acusan falta de acuerdos claros sobre dónde y cómo podrán seguir trabajando.
Como se ha informado, los inconformes acusaron al Gobierno estatal, al INAH y a Cultur de intentar reorganizar y reubicar la actividad comercial dentro de la zona arqueológica sin acuerdos definitivos con las comunidades mayas que dependen del turismo.
La tensión escaló el 19 de mayo, cuando el INAH anunció el cierre temporal “preventivo” de Chichén Itzá, mientras artesanos y pobladores retiraban vallas metálicas y bloqueaban accesos en señal de protesta.
Desde entonces se han realizado varias mesas de negociación, pero hasta ahora no hay acuerdos definitivos entre autoridades, artesanos y guías turísticos.
Además del impacto económico, el caso también abrió un debate sobre quién controla la actividad comercial en uno de los patrimonios culturales más importantes del país y cómo equilibrar la conservación arqueológica con el sustento de las comunidades locales que viven del turismo.
