La reciente reforma a la Ley de Transporte Federal ha generado inconformidad entre integrantes del sector transportista, quienes consideran que las nuevas disposiciones otorgan un carácter recaudatorio y amplían las facultades de la Guardia Nacional en carreteras.
El secretario general de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga A.C., Raúl Organitos, advirtió sobre posibles riesgos de detenciones y pidió a los operadores no resistirse ante las autoridades para evitar ser encarcelados.
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De acuerdo con la reforma, los transportistas que se opongan a revisiones o acciones de la Guardia Nacional podrían enfrentar sanciones que van de seis meses a dos años de prisión, especialmente si se considera que incitan a pasajeros o terceros a intervenir. El sector señaló que estas modificaciones dejan sin efecto disposiciones anteriores orientadas a prevenir abusos de autoridad.
El nuevo marco legal establece que las autoridades pueden realizar inspecciones físico-mecánicas a las unidades, como revisión de llantas, frenos, luces, puertas y compartimentos, sólo cuando exista flagrancia o una causa legal debidamente fundada. Sin embargo, representantes del sector advierten que cualquier revisión del interior del vehículo sin justificación podría considerarse una violación a los derechos constitucionales.
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En este contexto, los transportistas argumentan que las pruebas obtenidas mediante revisiones indebidas podrían ser declaradas inválidas, además de señalar que toda evidencia recabada con violación a derechos fundamentales carecería de validez legal. También se ha recomendado a los operadores documentar las inspecciones de las autoridades para protegerse ante posibles abusos.
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT) señaló que hay mecanismos legales para evitar actos arbitrarios por parte de las autoridades. Mientras tanto, el sector transportista insiste en que las reformas podrían afectar principalmente a pequeños propietarios y operadores, en un contexto donde aseguran que existe un alto número de unidades fuera de norma y falta de políticas claras para la modernización del transporte.
