Entró en vigor en Yucatán el nuevo Código de Buenas Prácticas para Personas Asesoras Inmobiliarias y Agencias, con el propósito de fortalecer la regulación del sector, proteger el patrimonio de compradores, vendedores y arrendadores, así como elevar los estándares de profesionalismo en la actividad inmobiliaria.
La disposición, publicada en el Diario Oficial del Estado, será obligatoria para asesores certificados, agencias, afiliados e incluso para quienes ejerzan sin licencia.
El ordenamiento establece principios como honestidad, transparencia, ética, profesionalismo, confidencialidad y responsabilidad social, además de prohibir cualquier práctica discriminatoria. También obliga a los asesores a mantenerse en constante capacitación y a identificarse con su licencia vigente, la cual deberá aparecer en contratos, publicidad, sitios web y redes sociales.
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Entre las nuevas obligaciones destaca que todas las operaciones deberán formalizarse mediante contratos registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), además de brindar información veraz sobre las condiciones físicas, jurídicas y fiscales de los inmuebles. Antes de ofrecer una propiedad, los asesores deberán contar con autorización escrita del propietario y verificar que pueda comercializarse legalmente.
La normativa también endurece las reglas en materia de publicidad al prohibir anuncios con información falsa o engañosa, así como la captación de inmuebles sujetos a contratos de exclusividad con otros asesores.
Asimismo, la disposición obliga a integrar expedientes completos de cada operación, conservarlos por al menos cinco años y comunicar a los clientes cualquier riesgo que sea detectado.
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Finalmente, el Código incorpora medidas para la protección de datos personales, el manejo de conflictos de interés y la prevención del lavado de dinero mediante la verificación de identidad y la debida diligencia.
El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) supervisará el cumplimiento de estas disposiciones, podrá aplicar sanciones y operará un sistema de quejas y denuncias por malas prácticas.
