Desde la Comisión de Educación del Congreso del Estado, exigieron a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y a la Fiscalía General (Fgecam) que garanticen la seguridad e integridad de las alumnas que denunciaron ser víctimas de acoso sexual.
Luego de que el lunes alumnos de la Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” realizaron una manifestación contra un compañero de clases, después de que en un dispositivo electrónico encontraron fotografías de sus compañeras modificadas con inteligencia artificial para fabricar contenido de índole sexual.
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El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Gaspar Nah Miss, afirmó que la máxima casa de estudios de Campeche no debe limitarse a condenar los actos a través de un comunicado, sino que debe intervenir junto con un grupo dedicado a atender esta problemática desde
los ámbitos jurídico y psicológico.
A la par, el Ministerio Público debe dar seguimiento al tema y emprender la carpeta de investigación por los delitos que se configuren, además de que los padres de familia deben acudir a la Fiscalía para ratificar la denuncia y que esta pueda elevarse a carpeta de investigación.
Indicó que debe procurarse el interés superior del menor, es decir, que las alumnas afectadas puedan sentirse seguras al interior de su aula, sin que se sientan acosadas.
De acuerdo con información avalada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el mes de agosto del año en curso se abrieron 17 carpetas de investigación relacionadas con delitos que involucran el ámbito sexual.
En el desglose de los delitos denunciados, siete están relacionados con acoso sexual.
La cifra más grande corresponde a 10 casos por violación a la intimidad sexual, mientras que hasta el momento no se tiene ninguna querella por hostigamiento sexual.
Delma Rabelo Cuevas exigió respuestas claras ante los hechos denunciados por presunta violencia digital en la Preparatoria.
La legisladora señaló que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no debe minimizarse ni considerarse un asunto menor, en particular cuando las posibles víctimas son jóvenes. Subrayó que este tipo de conductas puede afectar la dignidad, seguridad y vida de quienes resulten afectados.
“La violencia digital no es un juego. Daña la dignidad, la seguridad y la vida de las víctimas. No podemos permitir que el silencio institucional termine dejándolas solas. El debido proceso debe garantizarse siempre, pero no puede utilizarse como argumento para callar, minimizar o abandonar a las víctimas”, sostuvo
